Las familias de la Comunidad que se encuentren en riesgo de desahucio contarán desde este mes con un servicio de apoyo integral, liderado por la Junta de Castilla y León y coordinado por una pluralidad de agentes, que pretende abordar el problema desde el primer síntoma de riesgo real hasta ofrecer una respuesta final si llega a producirse el lanzamiento hipotecario. Se trata de guiar a estas familias en todas las fases del proceso, incidiendo en la prevención y evitando que pierda su vivienda. Más de 76 profesionales trabajarán en la Región para buscar soluciones a la situación de insolvencia de las familias en tres campos: prevención, interlocución y búsqueda de soluciones paliativas.
Aunque los datos de Castilla y León ofrecen una realidad más favorable que otras autonomías, lo cierto es que la Comunidad no es ajena a un complejo fenómeno que está provocando que numerosas familias, integradas social y económicamente, se encuentran en serias dificultades de hacer frente a sus préstamos hipotecarios. Durante 2011 se produjeron en la Comunidad 3.027 desahucios, y sólo en el primer semestre de 2012 se han contabilizado 2.297 lanzamientos. Por este motivo, nace de forma pionera en España en el ámbito de los Servicios Sociales este servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de insolvencia.
En esta tarea están involucradas la Consejería de Familia, que pilota y coordina el programa a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, así como las consejerías de Economía y Empleo y la de Fomento, pero también las corporaciones locales, el Colegio de Registradores, el Colegio de Abogados, asociaciones sin ánimo de lucro como Cáritas regional, y diez entidades financieras (Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter). Con estas entidades mantuvo una reunión el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a quienes les agradeció de forma expresa su intención de adherirse a un programa abierto a nuevas incorporaciones.

El programa, paso a paso
El servicio está orientado fundamentalmente a familias integradas socialmente que presentan una situación de riesgo de insolvencia por sobreendeudamiento que pone en peligro el mantenimiento de su vivienda habitual. El primer paso será detectar, en fases tempranas, la existencia de una situación de riesgo. La voz de alerta puede llegar de las propias familias, pero también desde los Servicios Sociales, las entidades del tercer sector o las propias entidades financieras. Todos ellos podrán intercambiar información actualizada. La puerta de entrada a este programa se realizará a través del teléfono 012, que permite evaluar el caso, determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso, la urgencia y, sobre todo, ofrecer asesoramiento profesional a las familias. Más de 50 trabajadores de las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes y diputaciones -formados previamente-, diseñarán, en coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Planes de Economía Familiar individualizados. Así, les ofrecerán apoyo profesional para afrontar las consecuencias de la nueva situación de sobreendeudamiento, les asesorarán sobre medidas de control de gasto, al mismo tiempo que les informarán sobre los apoyos que brinda el sistema de Servicios Sociales y a los que pueden acceder.
En segundo lugar, estos trabajadores (titulados en Derecho, Economía o Trabajo Social) ofertarán a la familia información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y las consecuencias que pudieran tener sus impagos. Toda la información proporcionada por las oficinas locales sobre cada uno de los casos será analizada en los servicios centrales de la Consejería de Familia, quienes, cuando sea preciso, actuarán como interlocutores entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos, tratando de estudiar soluciones adaptadas a su capacidad económica. El objetivo es ayudar a las familias a elaborar un plan de reestructuración de la deuda u otras alternativas, que posibiliten la obtención de un acuerdo entre ambas partes. Para ello, las entidades financieras se comprometen a designar a un interlocutor único en cada entidad para analizar las diferentes propuestas, formuladas por la Oficina Central, y evitar el posible desahucio. Asimismo, se ofrecerá orientación laboral, a través del Servicio Público de Empleo, a quien lo necesite.
En los casos en que estas actuaciones no hayan impedido que se produzca al final el lanzamiento, se derivará a las familias a otros servicios alternativos, como la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía o la búsqueda de alojamientos alternativos, que sirvan para aliviar su situación.
En todo este proceso, las entidades sin ánimo de lucro, como Cáritas regional, aportarán sus conocimientos y experiencias en la detección previa de las situaciones de riesgo de insolvencia y ofertarán asesoramiento jurídico en algunos supuestos. El Colegio Profesional de Registradores y el Colegio de Abogados podrían suministrar información y asesoramiento a profesionales.