La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reunió, recientemente, con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León, con quienes abordó el inicio formal de la participación ciudadana en la elaboración de la norma que regulará el régimen jurídico del concierto social en la región. El proyecto de esta regulación ya está disponible en Gobierno Abierto, de modo que los ciudadanos ya pueden enviar sus aportaciones. 

El decreto regulará el régimen de los conciertos sociales, amparado por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa europea, que permite a las comunidades autónomas concertar servicios sociales con entidades privadas fuera de la normativa de contratación pública, a través de un procedimiento especial, pero siempre respetando los principios de publicidad, transparencia y no discriminación. Los servicios sociales están incluidos en lo que la normativa denomina como servicios a las personas y, por tanto, gozan de especial protección mediante una regulación específica distinta de la que rige en materia de contratación pública.

La prestación de servicios sociales a las personas en Castilla y León se lleva a cabo mediante una combinación equilibrada entre la gestión directa e indirecta, y así se recoge en el artículo 88 de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales, que establece que en la gestión de los servicios sociales podrán participar las entidades de iniciativa privada, con o sin ánimo de lucro, entre otras fórmulas, mediante la firma de conciertos, con la finalidad de proveer a la ciudadanía de unos servicios sociales de calidad, que dan cobertura de las necesidades de las personas en situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, cabe destacar la participación de las entidades del tercer sector en la puesta en marcha y funcionamiento del sistema de servicios sociales. 

Hoy, más de 3.000 entidades forman el tercer sector de Castilla y León, y prestan más de 5.000 servicios que complementan este sistema prestando servicios profesionales, de calidad, cercanos y apostando siempre por la innovación. Además, se encuentran a la vanguardia en España, y ello ha sido posible gracias a una colaboración basada en el diálogo, la participación y la cercanía institucional que da respuesta a las especificidades de la demanda de las personas a las que se dirigen los servicios sociales, en función de las necesidades específicas de apoyo que precisan.

Dentro de esa colaboración, cabe destacar al Cermi, a quien Blanco definió como “nuestro principal aliado y colaborador en el desarrollo de las políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León”. Con ellos, analizó cuestiones relativas al impulso de la Asistencia Personal y, sobre todo, la garantía de la sostenibilidad del sistema actual de prestación de servicios sociales en la comunidad y de la calidad en la atención a las personas, que son los objetivos prioritarios de este Decreto de Concertación Social.

Desde hace años, la Junta mantiene con el Cermi una intensa colaboración que, en lo financiero, se traduce en una aportación de la Junta de Castilla y León a las entidades que conforman el Cermi, de 83,3 millones de euros en 2018, lo que ha permitido el desarrollo de un modelo de mejora para la atención a las personas con discapacidad, la aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad y el desarrollo de numerosas actuaciones en el ámbito del empleo, de la atención, la dependencia y la accesibilidad de este colectivo.

Las principales novedades que establece el decreto respecto a la contratación ordinaria son: que exige una experiencia acreditada mínima como requisito para poder concertar; establece criterio de selección y en su ponderación priman factores sociales más que el precio o los aspectos económicos del contrato; y, en caso de empate, se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.

Entre las ventajas del Concierto Social, cabe destacar la estabilidad y continuidad en los servicios, ya que permite al prestador del servicio planificar la actividad, mejorar la calidad del empleo o planificar inversiones a largo plazo. También fomenta la innovación, al adaptarse a las necesidades y demandas de los usuarios; se basa en principios de transparencia y es una fórmula flexible y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades.

Los servicios que se pueden concertar son la autonomía personal y el fomento de la vida independiente; la inserción social de las personas con discapacidad; el apoyo a los procesos de integración dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social; la promoción de la autonomía y atención a las personas mayores;  apoyo familiar y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; atención e integración de las víctimas de violencia de género; apoyo a las personas en situación de dependencia y a sus familias; y la protección jurídica de las personas que tengan limitada su capacidad de obrar, entre otros. Queda excluida la atención residencial y de centros de día para personas mayores, con discapacidad y de atención a menores, al contar con regulación propia.

La duración de los conciertos será, como máximo, de seis años, prorrogables hasta un máximo de 12 años, con el fin de garantizar la estabilidad de la prestación de los servicios sociales a las personas. El contenido del decreto incorpora las sugerencias de las entidades del tercer sector, especialmente en el caso de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Además, esta regulación permitirá reforzar el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.