Robert Meneu / Miembro del grupo de investigación autor del estudio 'El factor de sostenibilidad en los sistemas de pensiones de reparto: alternativas para su regulación en España'
‘Si no se quieren reducir las prestaciones, la única alternativa en el sistema contributivo es un aumento de las cotizaciones’
Pregunta- ¿Por qué surge la idea de elaborar este análisis?
Respuesta.- Porque la reciente Ley de Estabilidad deja la puerta abierta a que la implantación del factor de sostenibilidad se adelante en el tiempo respecto al año 2027 previsto. Además hay que recordar que en la reforma de 2011 no se expone en qué consistirá exactamente ese factor de sostenibilidad. En este contexto, los individuos deben conocer cómo les afectará en el futuro y así prevenir sus efectos mediante la toma de decisiones adecuadas de ahorro con suficiente antelación.
-Su trabajo parte de la reforma de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Como ustedes señalan, gran parte de las medidas incluidas afectan al cálculo de la pensión inicial de jubilación, sin embargo, destacan la inclusión de una distinta, “el factor de sostenibilidad”.
P.- ¿Qué es realmente este factor?
R.- El factor de sostenibilidad no está definido de forma concreta en la Ley. No obstante, es un mecanismo automático que ajusta algún parámetro del sistema de pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Lo novedoso es el automatismo de esta medida, evitando el riesgo político en la toma de decisiones. Su objetivo es que la mayor esperanza de vida se compense de alguna manera para mantener el equilibrio de partida entre cotizaciones pagadas y pensiones percibidas a lo largo de la vida.
P.- ¿Qué supondrá la implantación de este factor para las pensiones del futuro?
R.- De forma general, y dado que todas las proyecciones indican un aumento de la esperanza de vida a la edad de jubilación, la implantación del factor de sostenibilidad exigirá alguno de estos ajustes: menor cuantía mensual de la pensión (porque se percibe durante más tiempo), retraso en la edad de jubilación (para mantener constante el periodo de tiempo de cobro de la pensión) o mayor esfuerzo contributivo (para compensar los años adicionales de cobro de la pensión). Estos ajustes afectarían únicamente a los nuevos jubilados y serían mayores para las generaciones más jóvenes porque también obtienen más ganancias de esperanza de vida. Otra posibilidad es que el ajuste también recaiga sobre los pensionistas actuales en forma de menor revalorización de las pensiones. La cuantificación aproximada de los ajustes cada 5 años para compensar el aumento proyectado en la esperanza de vida es el siguiente: reducir un 2,5% la pensión inicial, retrasar 6 meses la edad de jubilación o aumentar un año cotizado para conseguir la carrera laboral completa.
P.- Ustedes han analizado otros países europeos que contemplan este factor en sus sistemas de pensiones. ¿Son extrapolables sus resultados a nuestro país dada nuestra expectativa de vida, la proyección laboral, etcétera?
R.- Los resultados en cuanto a los efectos sobre los individuos sí que son similares porque la tendencia al aumento en la esperanza de vida a los 65 años es común en todos los países de la UE y de magnitud bastante parecida: 4,5 años en España y 5 años en la media de la UE entre 2010 y 2060. Lo que es algo distinto es el efecto financiero agregado del factor de sostenibilidad sobre el sistema, ya que en España el principal motivo por el que aumentará el gasto en pensiones en términos de PIB es la maduración del proceso de transición demográfica con la llegada a la jubilación de las generaciones nacidas en el periodo 1955-1975, más numerosas que en otros países. El factor de sostenibilidad no corrige este efecto, sólo el que se deriva de una mayor esperanza de vida, que no es tan profundo.
P.- ¿Cuál sería el país que han analizado que, por similitudes físicas y las medidas implantadas, puede servir de patrón o referencia para el nuestro?
R.- En España, según las encuestas de opinión sobre la reforma de las pensiones, los individuos están más dispuestos a asumir mayor esfuerzo de cotización que menores pensiones o un retraso en la edad de jubilación. En este sentido, sería la regulación de Francia la más indicada. Se trataría de aumentar el periodo de cotización para que la relación entre años de cobro de pensión y años cotizados se mantuviera constante. Sin embargo, en caso de adelantar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, ello se solaparía con el periodo transitorio de la Ley 27/2011. Tal vez la opción de Finlandia o Portugal, con un coeficiente de sostenibilidad que reduce la pensión inicial, sería la más compatible con el resto de medidas de reforma aprobadas, siempre que no afecte a las pensiones mínimas para no perjudicar el objetivo de adecuación.
P.- Para mantener la viabilidad financiera del sistema, y según se desprende de su análisis, los pensionistas españoles del futuro se jubilarán a una edad más avanzada, cotizarán más años y pese a cobrar la totalidad de su pensión, perderán poder adquisitivo. ¿Se podrían plantear otras medidas alternativas para reformar el sistema de pensiones que pudieran ser más eficaces?
R.- La viabilidad financiera del sistema exige una adecuada relación entre contribuciones y prestaciones. Si no se quieren reducir las prestaciones, la única alternativa dentro del sistema contributivo es un aumento de las cotizaciones. Esta medida no se ha contemplado en la reforma de 2011 con carácter general pero tal vez los ciudadanos la asumirían mejor que una bajada en las pensiones. De hecho, las cotizaciones sociales a cargo de los trabajadores en España son del 1,9% del PIB, la mitad que en la media de la UE. Fuera del sistema contributivo las alternativas podrían ser: aumento de impuestos, mayor endeudamiento o recorte de otros gastos, todo ello bastante problemático en épocas de crisis económica. Lógicamente, el crecimiento económico, de la productividad o del empleo, sería beneficioso porque permitiría generar reservas financieras para el futuro pero, lamentablemente, esto no son medidas de política económica sino objetivos sobre los que no se puede legislar directamente. Por último, siempre se puede hacer más en temas como la lucha contra el fraude en las cotizaciones o en la percepción de prestaciones, la eficiencia en la gestión, etcétera.
P.- ¿Creen que los jóvenes de hoy llegarán a cobrar una pensión pública?
R.- Sí, aunque seguramente no cubra el mismo porcentaje de ingresos previos a la jubilación que hoy. Por una parte, el cambio demográfico exigirá reglas de cálculo de la pensión menos beneficiosas y, por otra, si persisten las actuales dificultades en el mundo laboral, con bajos salarios y altas tasas de paro, se acumularán menores derechos de pensión en el futuro. En este contexto, la información al ciudadano, por parte de la administración, sobre su pensión pública prevista es imprescindible para que adopte las decisiones de ahorro a largo plazo más adecuadas.
Pregunta:
Respuesta:
Respuesta.- Porque la reciente Ley de Estabilidad deja la puerta abierta a que la implantación del factor de sostenibilidad se adelante en el tiempo respecto al año 2027 previsto. Además hay que recordar que en la reforma de 2011 no se expone en qué consistirá exactamente ese factor de sostenibilidad. En este contexto, los individuos deben conocer cómo les afectará en el futuro y así prevenir sus efectos mediante la toma de decisiones adecuadas de ahorro con suficiente antelación.
-Su trabajo parte de la reforma de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Como ustedes señalan, gran parte de las medidas incluidas afectan al cálculo de la pensión inicial de jubilación, sin embargo, destacan la inclusión de una distinta, “el factor de sostenibilidad”.
P.- ¿Qué es realmente este factor?
R.- El factor de sostenibilidad no está definido de forma concreta en la Ley. No obstante, es un mecanismo automático que ajusta algún parámetro del sistema de pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Lo novedoso es el automatismo de esta medida, evitando el riesgo político en la toma de decisiones. Su objetivo es que la mayor esperanza de vida se compense de alguna manera para mantener el equilibrio de partida entre cotizaciones pagadas y pensiones percibidas a lo largo de la vida.
P.- ¿Qué supondrá la implantación de este factor para las pensiones del futuro?
R.- De forma general, y dado que todas las proyecciones indican un aumento de la esperanza de vida a la edad de jubilación, la implantación del factor de sostenibilidad exigirá alguno de estos ajustes: menor cuantía mensual de la pensión (porque se percibe durante más tiempo), retraso en la edad de jubilación (para mantener constante el periodo de tiempo de cobro de la pensión) o mayor esfuerzo contributivo (para compensar los años adicionales de cobro de la pensión). Estos ajustes afectarían únicamente a los nuevos jubilados y serían mayores para las generaciones más jóvenes porque también obtienen más ganancias de esperanza de vida. Otra posibilidad es que el ajuste también recaiga sobre los pensionistas actuales en forma de menor revalorización de las pensiones. La cuantificación aproximada de los ajustes cada 5 años para compensar el aumento proyectado en la esperanza de vida es el siguiente: reducir un 2,5% la pensión inicial, retrasar 6 meses la edad de jubilación o aumentar un año cotizado para conseguir la carrera laboral completa.
P.- Ustedes han analizado otros países europeos que contemplan este factor en sus sistemas de pensiones. ¿Son extrapolables sus resultados a nuestro país dada nuestra expectativa de vida, la proyección laboral, etcétera?
R.- Los resultados en cuanto a los efectos sobre los individuos sí que son similares porque la tendencia al aumento en la esperanza de vida a los 65 años es común en todos los países de la UE y de magnitud bastante parecida: 4,5 años en España y 5 años en la media de la UE entre 2010 y 2060. Lo que es algo distinto es el efecto financiero agregado del factor de sostenibilidad sobre el sistema, ya que en España el principal motivo por el que aumentará el gasto en pensiones en términos de PIB es la maduración del proceso de transición demográfica con la llegada a la jubilación de las generaciones nacidas en el periodo 1955-1975, más numerosas que en otros países. El factor de sostenibilidad no corrige este efecto, sólo el que se deriva de una mayor esperanza de vida, que no es tan profundo.
P.- ¿Cuál sería el país que han analizado que, por similitudes físicas y las medidas implantadas, puede servir de patrón o referencia para el nuestro?
R.- En España, según las encuestas de opinión sobre la reforma de las pensiones, los individuos están más dispuestos a asumir mayor esfuerzo de cotización que menores pensiones o un retraso en la edad de jubilación. En este sentido, sería la regulación de Francia la más indicada. Se trataría de aumentar el periodo de cotización para que la relación entre años de cobro de pensión y años cotizados se mantuviera constante. Sin embargo, en caso de adelantar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, ello se solaparía con el periodo transitorio de la Ley 27/2011. Tal vez la opción de Finlandia o Portugal, con un coeficiente de sostenibilidad que reduce la pensión inicial, sería la más compatible con el resto de medidas de reforma aprobadas, siempre que no afecte a las pensiones mínimas para no perjudicar el objetivo de adecuación.
P.- Para mantener la viabilidad financiera del sistema, y según se desprende de su análisis, los pensionistas españoles del futuro se jubilarán a una edad más avanzada, cotizarán más años y pese a cobrar la totalidad de su pensión, perderán poder adquisitivo. ¿Se podrían plantear otras medidas alternativas para reformar el sistema de pensiones que pudieran ser más eficaces?
R.- La viabilidad financiera del sistema exige una adecuada relación entre contribuciones y prestaciones. Si no se quieren reducir las prestaciones, la única alternativa dentro del sistema contributivo es un aumento de las cotizaciones. Esta medida no se ha contemplado en la reforma de 2011 con carácter general pero tal vez los ciudadanos la asumirían mejor que una bajada en las pensiones. De hecho, las cotizaciones sociales a cargo de los trabajadores en España son del 1,9% del PIB, la mitad que en la media de la UE. Fuera del sistema contributivo las alternativas podrían ser: aumento de impuestos, mayor endeudamiento o recorte de otros gastos, todo ello bastante problemático en épocas de crisis económica. Lógicamente, el crecimiento económico, de la productividad o del empleo, sería beneficioso porque permitiría generar reservas financieras para el futuro pero, lamentablemente, esto no son medidas de política económica sino objetivos sobre los que no se puede legislar directamente. Por último, siempre se puede hacer más en temas como la lucha contra el fraude en las cotizaciones o en la percepción de prestaciones, la eficiencia en la gestión, etcétera.
P.- ¿Creen que los jóvenes de hoy llegarán a cobrar una pensión pública?
R.- Sí, aunque seguramente no cubra el mismo porcentaje de ingresos previos a la jubilación que hoy. Por una parte, el cambio demográfico exigirá reglas de cálculo de la pensión menos beneficiosas y, por otra, si persisten las actuales dificultades en el mundo laboral, con bajos salarios y altas tasas de paro, se acumularán menores derechos de pensión en el futuro. En este contexto, la información al ciudadano, por parte de la administración, sobre su pensión pública prevista es imprescindible para que adopte las decisiones de ahorro a largo plazo más adecuadas.
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