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OPINIÓN

Los derechos de los mayores, antes y después de la Covid-19

Por Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Patrono de la Fundación Helpage International España

09-10-2020

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Se dice, con razón, que la crisis sanitaria ha dado visibilidad a las personas mayores, aunque creo que podría matizarse que lo que en realidad esta crisis ha hecho evidente son algunos de los problemas que muchos de ellos vienen sufriendo desde hace tiempo.

De entrada, esa visibilidad es positiva, pues pone en guardia a los ciudadanos y activa (o debería activar) a los poderes públicos para tomar medidas que los resuelva. Sin embargo, esta atención vinculada fundamentalmente a la grave situación que los mayores están padeciendo en las residencias no debería desenfocar lo que, a mi modo de ver, es el núcleo de la cuestión. 

La cuestión es que las personas mayores no están ni en la agenda política ni en la conciencia social. Por eso los casos de discriminación e inefectividad de sus derechos se multiplican, y por eso es que sus potencialidades, su enorme capacidad de participación y contribución a la sociedad, no son tenidas en cuenta. 

Provoca alarma la denuncia de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el aumento de discursos de odio que, durante la pandemia, se han manifestado hacia los mayores en las redes sociales. Y avergüenza ver cómo el sistema de cuidados no ha sido capaz de dar una respuesta mínimamente adecuada a un reto sanitario como el que vivimos hoy. Pero ello no debería sorprendernos cuando sabemos que en tiempo de incertidumbres los más vulnerables, si no están bien protegidos, son los que más sufren, los que más pierden.
Los estereotipos que dan lugar al edadismo están instalados entre nosotros (la fiscalía de Salamanca acaba de proponer que los conductores mayores de 70 años lleven una ‘M’ visible en el coche, “a pesar de no ser estadísticamente peligrosos”), y la mirada proteccionista y asistencial de las políticas públicas dirigidas a los mayores es, además de injusta, ineficaz. Parece claro que es necesario cambiar de raíz el enfoque con el que las personas mayores deben ser tratadas.

La crisis pasará, pero los mayores, sus potencialidades y sus problemas, permanecerán. Existían antes de la pandemia, y estarán ahí cuando una “nueva normalidad”, estable o no, se consolide. Sería una buena noticia que, para entonces, la sociedad hubiera empezado a interiorizar una visión de los mayores positiva y alejada de prejuicios. Y sería exigible que los poderes públicos tuvieran asumido que –tal y como se pide en el Manifiesto que la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha hecho público en la celebración de su Día internacional–, es necesario elaborar estrategias y políticas públicas desde un enfoque basado en derechos. Acciones en las que, contando con la opinión de los mayores, se mejore la protección de sus derechos y se promuevan su autonomía y sus capacidades.


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