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Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España, según el análisis de la ADGSS

El informe de la asociación resalta, entre otros datos, que la ratio de plazas residenciales para personas mayores se mantiene por debajo del criterio marcado por la OMS

Redacción EM 11-01-2021

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El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones, en 2020. Esta es una de las principales conclusiones recogidas por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS). Sin embargo, añaden, “en este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226”, según el informe recientemente publicado por el Imserso.

En consecuencia a estos datos, se concluye que la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,22, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales. La ratio de plazas residenciales para mayores en España se mantiene por debajo del criterio marcado por la OMS. En otras palabras: siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España.

DESGLOSE POR PLAZAS Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años. “Hay que recordar que unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. Se puede estimar que más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial”, recoge el análisis efectuado por la organización. 

La situación muestra diferencias muy significativas entre comunidad autónomas: solo cinco comunidades (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y solo las dos primeras alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública. En este sentido, la ADGSS resalta que es necesario destacar el aumento en plazas de financiación pública de Aragón. 

Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y privada, destacando, en este sentido, comunidades como Galicia, Canarias y Madrid, donde existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública.

Las plazas de financiación pública representan el 62% de las 389.031 plazas residenciales para personas mayores que hay en España, siendo el 62% de ellas (242.206) de financiación pública y el 38%, privada. La comunidad con mayor porcentaje de plazas públicas es Euskadi, con el 74%, y la que menos es Galicia, con tan solo el 41%.
De la misma manera, las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan los propios usuarios en estos centros. En este aspecto encontramos una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Catalunya, hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o Euskadi. Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales”, puntualizan desde la entidad.

Resulta así que en algunas comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, el 25%. A la vista de estos datos, resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas comunidades para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores y, en especial, para incrementar las plazas de financiación pública, que son las que aseguran el derecho efectivo a disfrutar de una plaza cuando se precise. 

IMPACTO DE LA PANDEMIA
Las residencias para mayores han sido lugares donde la Covid-19 ha hecho estragos. La edad de quienes las habitan (en su mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud y la convivencia en un mismo entorno, con ausencia de dormitorios individuales, hacen que hayan constituido, califican desde la ADGSS, "uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus consecuencias hayan sido más letales".

Este hecho, añaden, "nos impele a reabrir antiguos debates como el de las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores y reformular sus funciones y su remuneración. Es, además, necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona desde la perspectiva de que estos centros son lugares para vivir y convivir –sustituyen a los hogares familiares– y no centros sanitarios".


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