Teniendo en cuenta el incremento estimado para 2021 y un incremento de 600 millones para 2022, la evolución de la aportación de la Administración General del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en términos absolutos alcanzaría los 2.629 millones de euros. Con esta partida, según valoran desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS), se podría atender a 131.000 personas beneficiarias durante un año reduciendo la lista de espera de la dependencia en un 25% y generar más de 35.000 nuevos empleos en el sector.

Desde la entidad alertan de que 433.000 personas se encuentran en las listas de espera de la dependencia. Tal y como establece el Plan de choque y el pacto de Estado por la Dependencia, la lista de espera debe ser la prioridad. "La media de espera en España es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en algunas comunidades autónomas", denuncia la ADGSS. 

La siguiente prioridad debe ser, por tanto, "mejorar la calidad y la intensidad de las atenciones. El gasto medio por persona beneficiaria durante 2020 descendió a 7.991 euros, y se aprecian grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras".

Desde la AGSS advierten que "los incrementos presupuestarios deben ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera y mejorar la idoneidad de las atenciones. Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías autonómicas de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera, con servicios low cost". 

Como ya destacaban en su último informe, cuatro comunidades han disminuido en 2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia: Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja.

También es preciso, añaden, "acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos. Regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio. Los Gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de Dependencia". 

"Ya tenemos más presupuesto, ahora hacen falta reducir los tiempos de gestión y aumentar el compromiso. Es necesario simplificar procedimientos burocráticos complejos y establecer la prescripción social facultativa", señalan desde la organización presidida por José Manuel Ramírez.