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Lares reclama medidas de detección de la Covid para los profesionales de las residencias

Redacción EM 15-09-2020

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Tras cumplirse seis meses de la detección de la pandemia, Lares publica las conclusiones de un estudio comparativo de cómo se están gestionando las pruebas de detección precoz de la Covid-19 a los profesionales de los centros residenciales. Al respecto, la entidad exige que estas sean “facilitadas y costeadas” por el Sistema Público de Salud, “para no conculcar el derecho fundamental de acceso a la sanidad pública, gratuita y universal de cualquier ciudadano, sea cual sea su profesión, y viva dónde viva”

En el comunicado emitido por Lares insisten en que “se están realizando cribados masivos a ciudadanos, en general, de manera absolutamente gratuita, sin preguntar su profesión”, y se preguntan por qué se deberían quedar fuera de ellos los trabajadores las residencias: “Sería intolerable que los que cuidan a las personas más vulnerables y frágiles, vuelvan a ser los grandes olvidados en este nuevo brote”. 

Y continúan alegando que “los profesionales de residencias de personas mayores, en situación de dependencia o en riesgo de exclusión son ciudadanos de pleno derecho. Con lo cual, debe ser el Sistema Público de Salud el que se encargue de realizar cualquier prueba necesaria para la detección precoz del virus, sobre todo, en personas asintomáticas”.

La federación denuncia, a raíz de su estudio, que “ser cuidador no puede significar una merma de derechos”. “Si nuestras entidades pagan sus cotizaciones y contribuyen al sostenimiento del sistema, no es admisible aplicar una sobre-tasa, ni el pago de una prueba a la que cualquier ciudadano tiene acceso de forma gratuita”, alegan.
Por tanto, la entidad urge el diseño de “un criterio uniforme, que evite 17 modelos, algunos contradictorios”.

Las comunidades autónomas obligan a hacer la PCR a la vuelta de vacaciones, de un permiso o al contratar un nuevo trabajador, pero se “quitan del medio”, denuncian desde Lares, “derivando a las entidades la responsabilidad de hacerla y pagarla, instándose, en ocasiones, la intervención de un tema de salud comunitaria a los servicios de prevención de riesgos laborales”. 

Además, denuncian que “las entidades gestoras de los servicios de prevención de riesgos laborales están cometiendo grandes abusos en sus tarifas para realizar las pruebas. Una PCR comercializada por empresas a 100 euros, e incluso algo menos, estos servicios las cobran a una media de 140 euros”.

Para el sector sin ánimo de lucro, representado por Lares, que el Sistema Público de Salud no asuma esta obligación puede suponer unos dos millones euros.

“Hacer PCR a todos los profesionales cada 15 días en los centros residenciales del sector solidario supondría entorno a unos cuatro millones de euros al mes. Afortunadamente, muchas comunidades van entrando en la sensatez, si bien ha habido que esperar hasta el mes de septiembre para tener protocolos claros y asunción de responsabilidad por el sistema público de salud”, concluyen desde esta entidad.


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