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La dependencia se reactiva en 2018, pero se mantienen los recortes de 2012

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentó un nuevo informe sobre el SAAD en el que se constata la mejoría en la mayoría de parámetros: se reducen el ‘limbo’ y las diferencias entre comunidades

Redacción 01-03-2019

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La mayoría de los parámetros de gestión del SAAD –personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones de servicios y prestaciones...– mejoraron en 2018. Así lo demuestran los datos presentados, ayer, por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia

Según explican desde la asociación, las cifras parecen indicar que el sistema de dependencia "se reactiva pero, igual que en los últimos años, esta 'mejora' ha sido, en gran medida, a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de familias y Administraciones autonómicas".

Más de 1,3 millones de personas tienen reconocida su situación de dependencia al finalizar 2018, 39.000 más que el año anterior. De ellas, 1.054.000 personas están siendo atendidas, casi 100.000 más que el año anterior (99.400). 

En cuanto al perfil, casi tres de cada cuatro personas atendidas (72,2%) son mayores de 65 años, y más de la mitad (54,5%) tienen más de 80 años.

REDUCCIÓN DEL LIMBO 
Al finalizar 2018, había 250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia en lista de espera (19,2% del total). Y aunque este 'limbo' se redujo en 60.000 personas, a este ritmo se tardarían más de tres años en atender la actual lista de espera. 

"Resulta lacerante que cuatro de cada diez personas desatendidas (40%) son dependientes con Grados II o III, casi 100.000 personas", explican desde ADGSS y añaden que "quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes para el sistema. La prueba es que el coste por dependiente se ha reducido un 20,8% desde 2009 (7.687 euros) a 2018 (6.087 euros).

En cuanto al retorno económico, el informe destaca que hay 247.114 empleos directos vinculados a la dependencia, casi 29.000 más que en 2017. Se trata de un sistema, aseguran desde la asociación, "que muestra una sorprendente capacidad para generar empleo y para obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos". En 2018, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 37,7 y la tasa de retorno es del 40%. "Si se atendiera ya a las 250.000 personas en espera se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos", remarcan desde ADGSS.

POCA APORTACIÓN DEL ESTADO
Un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley , que marca que Estado y comunidades deben aportar cada una el 50%. Esto es debido, aseguran desde la asociación,  "al modelo de financiación y a las reducidas y recortadas cuantías del Nivel Mínimo". La Administración General del Estado aportó, en 2018, el 20,3% del gasto público y las regiones, el 79,7% restante. La disminución de la financiación a las comunidades, desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte.

"Contrariamente a toda lógica, no se han recuperado derechos y se mantienen los recortes de 2012. Existe un total consenso territorial y político, por la práctica totalidad del arco parlamentario –todos los partidos a excepción del PP se sumaron al Pacto de Estado por la Dependencia–, para revertir los recortes", explican desde la asociación, que se lamentan que no se hayan podido aprobar "unos PGE 2019 que hubieran sido enormemente positivos, aunque no recuperasen la totalidad de lo recortado". 

SE REDUCEN LAS DIFERENCIAS
Más allá de las calificaciones que este mapa refleja, el informe constata que hay comunidades con atención plena, como Castilla y León, y Ceuta y Melilla. Otras regiones progresan positivamente en los dos últimos años, como Aragón, Illes Balears; Castilla-La Mancha; Comunitat Valenciana; Extremadura; Galicia; Comunidad de Madrid y Murcia. 

Pese a que se han reducido las diferencias entre comunidades, estas siguen siendo muy elevadas, como se demuestra, por ejemplo, en el acceso (en Castilla y León supone el 13,6%, mientras que en Canarias solo el 5,4%) o en dos regiones como Andalucía y Catalunya, que representan el 60% de la lista de desatención, y cuyo 'limbo' alcanzan al 32,6% de las personas con derecho reconocido en Catalunya, y solo al 1,6% en Castilla y León. Las diferencias también se dejan notar en el coste medio por dependiente atendido, que en Murcia es de 5.160 euros al año y en Cantabria asciende a 7.697 euros.


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