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La PMP insta al Gobierno a regular un marco legislativo que ayude a acabar con la exclusión financiera

Desde la entidad alertan de que la banca digital amenaza con excluir a las personas mayores, elevando el riesgo de exclusión de las personas más vulnerables

Redacción EM 18-01-2022

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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) insta al Gobierno a regular “de forma inmediata” un marco legislativo que ayude a acabar con la exclusión financiera que sufren los más de diez millones de personas mayores y pensionistas en España. 

Así lo traslada la recién constituida PMP ante la exclusión financiera de las personas mayores causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años y que ha supuesto serias dificultades para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.  Una situación que ha llevado a que la mayoría de las operaciones bancarias sean por internet, algo que ha ocasionado un grave daño a estas personas, ya que, muchas de ellas, no saben manejar las nuevas tecnologías. “Muchas de ellas, incluso, no tienen a nadie que les pueda ayudar en este sentido. No se puede permitir esta situación”, ha declarado el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo

Para él, “todo esto hace que se intensifique no solo la exclusión financiera de las personas mayores, sino también, y, sobre todo, la sensación personal de sentirse abandonados, humillados, inútiles…”. “Esto se llama maltrato, edadismo”, ha aseverado. La lucha contra el edadismo es una de las prioridades de la plataforma, que considera que hay que abordarlo con urgencia al tratarse de un problema real, al tiempo que exige protección en este sentido. 

En este sentido, la entidad alerta de que la banca digital amenaza con excluir a las personas mayores, elevando el riesgo de exclusión de las personas más vulnerables. De manera concreta, explica que, para cualquier usuario no nativo digital, “resulta a veces difícil acordarse, por ejemplo, de las claves para aceptar una operación, cuesta encontrar la pestaña adecuada, incluir bien los datos, acertar cuando la tecnología se queda detenida o te manda un mensaje en un lenguaje desconocido”, al tiempo que, según agrega, “no todo el mundo tiene un ordenador, tiene alguien que pueda ayudarle, o no siempre es fiable entregar los datos personales a cualquiera para que te preste una ayuda”.

Es más, según explica, el montante anual del pago de pensiones de la Seguridad Social es de 170.000 millones de euros y, prácticamente, todo se ingresa en las cuentas bancarias que las personas mayores tienen en las entidades financieras, siendo, por tanto, “sus mejores y más fieles clientes”. De ahí que la PMP se extrañe ante el hecho de que sus derechos no sean reconocidos ni se les dispense el respeto que merecen. 

Según añade, “existen situaciones muy frustrantes cuando se digitaliza la atención a la ciudadanía sin poner la persona en el centro”. “Es un claro ejemplo de vulneración de los derechos de los consumidores de más edad”, concluye, al tiempo que reitera que “sería deseable que no solo se involucren en este problema las administraciones públicas, sino también el sector privado”.

Así, para la PMP se hace necesario el diseño y la aprobación de marcos normativos que protejan los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, que, por su especial vulnerabilidad, “deben ser adecuadamente protegidos”. De ahí que vaya a mostrarse muy activa y vaya a implicarse tanto con la Administración como con el sector privado para acabar con este problema.

Además, destaca que “hay que tener en cuenta” que la inclusión financiera es un factor que propician siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, un hecho que lo están teniendo en cuenta aquellos países que ya han puesto en marcha el diseño de estos marcos normativos. “Es, pues, necesaria una legislación y medidas de protección al usuario para garantizar la prestación responsable de los servicios financieros”, sostiene la PMP.

Por último, la plataforma reconoce el valor cívico de la iniciativa de Carlos San Juan de pedir una atención directa y personal a las personas mayores en las entidades bancarias y asume como propias sus reivindicaciones de hacer fácil la cita previa, de disponer de cajeros fáciles y de tener siempre derecho a la atención personal en las sucursales, como ya están haciendo determinadas entidades comerciales y de telefonía.



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