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La ADGSS lamenta que el gasto en servicios públicos esenciales no se esté mejorando

Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales insiste en los recortes realizados en políticas sociales y alerta de que “el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas”

Redacción EM 09-09-2020

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El último informe presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) señala que “la ausencia de presupuestos estatales y el continuo aumento de la cantidad de presupuesto que se destina a pagar la deuda de los presupuestos autonómicos, lastra a las comunidades para prestar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales)”.

Según la entidad, los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010 condujeron a que en 2013 se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico para estos servicios, con menos de 100.000 millones de euros. Desde 2014 y hasta 2018, recapitula el documento, “se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas llegando a los 116.860 millones de euros en el presupuesto liquidado de 2018. Sin embargo, la tendencia se ha roto en el presupuesto definitivo de 2019 que ha caído un 0,1%”.

Por ello, la ADGSS concluye que “la recuperación del gasto en políticas sociales es todavía deficitaria”. Y añade que “la ausencia de PGE ha lastrado la tendencia de recuperación de este gasto poniéndola en grave peligro”.
De 2009 a 2019 se aumentaron 2.132 millones de euros en inversion en servicios sociales, destaca la entidad. Pero este aumento está hoy “en un claro riesgo tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, ya que las comunidades podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales, y de esta manera eliminar de los servicios sociales el 70% de lo recuperado desde 2009”.

El impacto de la crisis se tradujo directamente en un incremento de los gastos derivados de la deuda pública que impactó reduciendo el gasto en las políticas sociales y en el resto de funciones y servicios. Esta deuda ascendería actualmente, según calcula la ADGSS, a cerca de 300.000 millones de euros, cercándose a los 6.500 euros por habitante y aunque diversas circunstancias permitieron ir reduciendo el gasto anual en deuda, este gasto volvió a repuntar desde 2016.

Además, existen importantes diferencias entre comunidades en lo que respecta a gasto social. Hay 12 regiones que consiguieron superar en 2019 el gasto social por habitante que tenían en 2009, siendo la Comunitat Valenciana la que en términos absolutos logró un mayor aumento en su inversión en políticas sociales, mientras que Baleares es la que porcentualmente obtiene un mayor aumento (24,8%). Las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos diez años, a pesar de la recuperación, son Catalunya (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%).

Hoy, la crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19, destaca la ADGSS, “ha redundado en la demostración de la importancia de la inversión en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, hemos podido observar la evidencia de que estos corrían el riesgo, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos que no ha sido así, y con estos servicios esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria”.

La pregunta que se formula la entidad es que cómo hubiéramos abordado la crisis de la Covid-19 con unos servicios esenciales fuertes, cuya inversión hubiera sido superior y no hubieran sufrido los recortes de la crisis anterior. “En un contexto así, se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y poner en marcha fórmulas urgentes que permitan a las comunidades prestar estos servicios. En un escenario de político tan grave como el actual, el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política”, concluye esta asociación.


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