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El sistema de atención a la dependencia es mejorable. Este es el diagnóstico de los expertos

El Ministerio de Derechos Sociales encarga a un grupo de profesionales una evaluación del SAAD en la que, entre otros datos, instan a reformular el modelo de atención y adecuar las prestaciones y servicios a las necesidades reales de las personas

M.S. / EM 23-09-2022

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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD) –por la que se crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)– supone, sin duda, uno de los hitos más relevantes de la política social en España de las dos últimas décadas.
Con ánimo de realizar una exhaustiva radiografía del sistema desde entonces, el Ministerio de Derechos Social encargó a un grupo de expertos un análisis de la evolución del SAAD, así como los retos pendientes en cuanto a su sostenibilidad.

Un total de once profesionales, coordinados por Gregorio Rodríguez Cabrero y Vicente Marbán Gallego, desmenuzan las debilidades y fortalezas del sistema en España, pudiendo concluir, en líneas generales, que urge una revisión profunda de un modelo que ya ha cumplido más de 15 años. Adecuar las prestaciones y los servicios  a las necesidades de las personas y reformular el modelo de atención residencial son dos de las principales conclusiones del estudio. Es decir, estamos ante un sistema que es “mejorable”

LOS CUIDADOS: MEJOR ACCESO Y FÓRMULAS MÁS FLEXIBLES
El informe analiza el estado de los Cuidados de Larga Duración (CLD) en el ámbito nacional y la Unión Europea, y destaca tanto las dimensiones estructurales como las transversales del SAAD.

“La calidad de los servicios de atención directa, tanto en el domicilio como en el entorno residencial, es mejorable”, resume el documento. Pero también el acceso al SAAD, proponiendo, como posibles estrategias, se propone hacer efectiva la reducción de los tiempos de espera –tal y como se planteó en el plan de choque de dependencia que aprobó el Consejo Territorial el 15 de enero de 2021 y que tiene como objetivo el perfeccionamiento del SAAD desde la triple perspectiva de la inversión social, la desinstitucionalización y la igualdad de género, además de la mejora de los mecanismos de cooperación entre Administraciones públicas y el avance hacia la coordinación sociosanitaria–.

El procedimiento de acceso al SAAD recibe una fuerte crítica por parte de los autores del informe debido a su rigidez, ante la que manifiestan que se intensifique esa reducción de las listas que precisamente está comprometida en el plan de choque estatal. Las causas de dicha rigidez las resumen en “la participación de demasiados actores mal coordinados, la insuficiencia de medios humanos y materiales y la falta de oferta suficiente de servicios”.

Además, detalla el documento que “la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia”, por lo que se propone introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en el propio entorno de la persona.

Los expertos especifican que el 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares se ven obligados a complementar los servicios con cuidados informales o servicios contratados de forma particular, una realidad que hace ineludible, exponen, “la necesidad de seguir aumentando la cobertura del sistema con la ampliación y reforma del catálogo de prestaciones y un mayor compromiso financiero por parte del sector público”.

En detalle, el 69,8% de las personas en situación de dependencia son atendidas única y exclusivamente por la familia, lo que convierte a los cuidados familiares en “la columna vertebral de los CLD”. Además, la mitad de las personas cuidadoras principales llevan prestando esta atención más de ocho años, “lo que supone un coste directo e indirecto muy elevado”, aseveran los expertos.

En cuanto al empleo, proponen desarrollar un sistema de calidad que mejore las condiciones de los colectivos implicados: incrementar las ratios de empleo por persona dependiente y mejorar la calidad del empleo de las trabajadoras de atención directa o cuidado social –en su mayoría mujeres– son dos de las recomendaciones planteadas.

REVISIÓN DEL MODELO
Entre las conclusiones obtenidas al contrastar los datos remitidos por las comunidades y una treintena de entrevistas a profesionales y entidades del tercer sector, el documento aconseja “promover los multiservicios para zonas rurales y los servicios de urgencia y, sobre todo, los servicios que favorecen el derecho de permanencia en el domicilio (atención profesional a domicilio, servicios intermedios, SAD y teleasistencia avanzados, uso de nuevas tecnologías, etcétera). A su vez, es necesario revisar en profundidad el modelo de residencias, contempladas para cuando no haya otras alternativas, y diseñar y promover residencias del tipo ‘como en casa’”. En este último punto, valoran positivamente el acuerdo alcanzado recientemente sobre la reforma de los centros y la calidad de los servicios, algo que definen como “un paso adelante en esta dirección”.

Por otro lado, el informe desvela que no se han desarrollado suficientemente en España los mecanismos de regulación, acreditación, inspección, certificación y evaluación de la atención que permiten avanzar hacia una atención de calidad. “A pesar de las mejoras realizadas, existe todavía un margen de mejora muy importante en lo que se refiere a la inspección de los servicios. Esta carencia es importante en el ámbito residencial y, aún más, en el domiciliario, donde los mecanismos de supervisión e inspección tienen un desarrollo aún menor y no están adaptados a la personalización de la atención”, describen los profesionales. 

PUNTOS DE INTERÉS
El gasto de las prestaciones de dependencia alcanzó en 2021 casi 10.000 millones de euros, 8.321 euros al año por dependiente. Esta inversión social beneficia a mediados de 2022 a casi un millón y medio de personas incluidas en el sistema y supone el 0,82% del PIB, aunque exponen que está “lejos del objetivo marcado en la memoria económica de la ley, que señalaba el 1%" y de los estándares de los países más desarrollados de la UE.

También aluden a la diversidad de modelos de copago entre las comunidades. “Se detectan diferencias territoriales en todas las fases del procedimiento para la determinación del copago”, señalan, cuya consecuencia deriva en que “personas con los mismos ingresos y patrimonio en distintas comunidades autónomas paguen una cuota diferente. Este es un problema de equidad de trato en las personas beneficiarias en un mismo sistema de protección social”.

Entre otras cuestiones, se detienen en el enfoque asistencialista de la ley que “se refleja en un catálogo de servicios restringido, muy orientado a la atención pasiva, y no tanto a la activación de la persona, a su inclusión y participación en la vida social y productiva. Aunque el SAAD se diseñó con el objetivo de generar autonomía personal en sus personas usuarias, se ha desarrollado como un instrumento reactivo, que responde a las situaciones de dependencia como una realidad irreversible”.

Coinciden en la necesaria revisión de la norma y, en este punto, creen oportuno el diseño de modelos autonómicos de coordinación sociosanitaria que mejoren la calidad de los servicios y reduzcan costes. “Sería necesario asegurar con urgencia el servicio de salud en las residencias de personas en situación de dependencia a través de la Atención Primaria”, afirman; así como reforzar los servicios de prevención.


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