El Ministerio de Derechos Sociales tendrá que esperar a dar luz verde al nuevo modelo de acreditación de centros residenciales tras no haber conseguido los apoyos suficientes en el Consejo Interterritorial. Por ello, el ministerio liderado por Ione Belarra tendrá que esperar a que el proyecto se vuelva a debatir y así poder llegar a un acuerdo sobre los requisitos mínimos que, de salir adelante, regirán en los servicios de atención a la dependencia en España y redefinirán el modelo de cuidados. 

Tras meses de negociación, ministerio y comunidades siguen sin alcanzar un punto de acuerdo sobre dichos requisitos mínimos. La propuesta, por ejemplo, contempla una serie de medidas entre las que destacan la limitación a 75, 90 o 120 plazas –dependiendo de la ubicación del centro– y un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción hasta el 31 de diciembre de 2029. 

La conselleira de Política Social y Juventud de la Xunta de Galicia, Fabiola García, aseguraba que “las ideas sobre residencias presentadas por el Gobierno central son irrealizables al carecer de presupuesto y encarecer y dificultar el acceso a los cuidados para las personas mayores”.

García señaló que la propuesta estatal “supondría una importante pérdida de plazas y de puestos de trabajo en el ámbito de los cuidados, cuando en estos momentos se necesita todo el contrario: más servicios y más plazas”. Además, añadió, “es un modelo discriminatorio con los centros situados en el rural con respeto a los urbanos, situación en la que se encuentran un gran número de instalaciones en Galicia”.

El presidente de la la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), Francisco José Núñez Alía, asegura de la propuesta del ministerio que, en los términos en los que está redactado, “pone en ‘jaque’ la viabilidad del sector residencial en la comunidad”, sumándose al rechazo del documento que ya había manifestado el Gobierno de Castilla-La Mancha. Asimismo, defienden la opinión vertida por el presidente manchego, Emiliano García Page, quien arremetió contra el modelo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por tratarse, dijo, de “la política del invito, pero tú pagas”, al no ir acompañado de financiación.

“Aplicar los criterios que marca el nuevo modelo requiere de una inyección de financiación. De lo contrario, será totalmente inviable ponerlo en práctica en Castilla-La Mancha”, sostiene Núñez Alía, quien afirma que “si el sistema ya estaba tocado, la nueva normativa no hará sino hundirlo”. Por tanto, reclama al Gobierno que antes de aprobar ningún cambio en los criterios de acreditación de los centros “apruebe, o al menos comprometa, qué financiación le acompaña”.

Las patronales Aeste, Asade, Ceaps y FED ya solicitaron la realización de una memoria económica que justificara y "diese sentido un cambio radical en el sistema de cuidados tal y como se pretende". 

Las organizaciones están apostando por mejorar la calidad en el servicio y las condiciones laborales de sus profesionales, compatibilizándola con la sostenibilidad del Sistema de Dependencia. La nueva normativa "obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios existentes, y a reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España", exponen en un comunicado conjunto.

Los profesionales comentan que “este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una reestructuración de la financiación”. Esto supondría una merma significativa de oferta de plazas que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias”.