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El GPS apoya la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular del Cermi sobre costes de la dependencia

Luis Carlos Sahuquillo subraya que la "prioridad máxima" del Grupo Socialista y del Gobierno es "revertir los recortes" del PP

Redacción EM 18-11-2020

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El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha dado su respaldo a la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre costes de la dependencia que presentó el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que estaba pendiente de tramitación la Cámara desde 2016.

El portavoz socialista de Políticas Integrales de la Discapacidad, Luis Carlos Sahuquillo, ha sido el encargado de fijar la posición del GPS en el pleno celebrado esta tarde, en el que se ha abordado esta proposición de ley, denominada “de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”.

Sahuquillo ha dicho ser consciente de la “frustración” causada por la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, pendiente desde hace años, por lo que “hoy tenemos una nueva oportunidad para dar respuesta  a las expectativas” del colectivo. El parlamentario ha reconocido la “importante función social” de los movimientos sociales como el de discapacidad, englobados en el Cermi, y ha reconocido el “logro” que representa que se haya presentado esta ILP, “y agradecérselo a los casi 740.000 firmantes”.

REVERTIR LOS RECORTES
El portavoz en esta materia se ha hecho eco de la “prioridad máxima” que para el GPS y para el Gobierno progresista es “revertir los recortes” del PP a la Ley de Dependencia, para devolverla “a su espíritu original”, una norma que se aprobó bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que supuso “un hito” histórico. Prueba de ello, ha resumido, es que en el proyecto de Presupuestos para 2021, en el marco de un Plan de Choque sobre Dependencia, “se destinan 2.354 millones de euros, un 34,4% más que en 2020”.

Sahuquillo ha denunciado los “importantes recortes” que el PP hizo en esta ley desde su llegada al Ejecutivo, “años de gobierno del PP que resultaron devastadores para las personas en situación de dependencia, con importantes recortes en las fuentes de financiación del sistema”. Uno de los ataques contra el espíritu de la ley fue el decreto 20/2012, que fijó una subida de la participación de los beneficiarios en el coste de dicha atención de hasta un máximo del 90% del coste del servicio. “Anteriormente, este límite solo estaba previsto para las personas que estaban en situación residencial y siempre con una previsión de liquidez”, ha denunciado.

“De esta manera, se contraviene lo previsto en la Ley de Dependencia, que establece un modelo de financiación en el que participan tanto las diferentes Administraciones públicas, como las personas beneficiarias. Un modelo que pretende la sostenibilidad, la estabilidad y la suficiencia del sistema de manera continuada en el tiempo”, ha apostillado.

En el Plan de Choque que pondrá en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez se incluirá “la necesidad de asegurar que la aportación privada de las personas usuarias se ajuste al coste efectivo del servicio y a su capacidad de pago, sin obviar la búsqueda de la necesaria igualdad de trato a las personas en situación de dependencia en el ejercicio del derecho al margen del territorio en el que residan”, ha explicado el portavoz.

Sahuquillo ha avanzado que, durante el trámite parlamentario de esta ILP, el Grupo Socialista “planteará mejoras y modificaciones, con la presentación de enmiendas, que tengan en cuenta el criterio de las comunidades autónomas, Administración pública que lleva a cabo ese reconocimiento y gestión de las prestaciones y servicios” del sistema, “así como también de la Conferencia Sectorial”, lo que considera que es una política de “lealtad institucional” y en pro “de los intereses de las personas en situación de dependencia de este país”


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