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El Defensor reclama a las comunidades un sistema de monitorización de los centros para personas mayores

Fernández Marugán expone sus actuaciones durante la crisis sanitaria y, entre otras cuestiones, pide una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto “que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias”

Redacción EM 26-11-2020

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El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para presentar un resumen de las actuaciones realizadas por la Institución con motivo de la pandemia de la Covid-19.

La institución ha tramitado desde principios de año más de 26.000 actuaciones entre quejas, colectivas e individuales, quejas de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, muchas de ellas relacionadas con la crisis sanitaria.

Entre otros temas, Fernández Marugán ha asegurado en el Congreso que esta crisis ha agudizado algunas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS), “cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos”. Entre dichas carencias, el defensor ha destacado “la debilidad de la atención primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades, y la insuficiente atención pública a la salud mental”.  

Según ha explicado, “la restricción de gasto durante la crisis económica redujo los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, lo que se tradujo en una menor inversión en equipos y obras de mantenimiento (sobre todo en los hospitales más antiguos), así como en una reducción de las plantillas, que además tenían peores condiciones laborales, contratos menos estables y menores salarios”. 

No obstante, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha revelado también las fortalezas del sistema sanitario, como “la buena formación de miles de profesionales, el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios y una organización muy experimentada”. En su opinión, para robustecer el sistema “hay que revisar el modelo organizativo para aumentar la eficiencia”.  Asimismo, ha afirmado que es urgente mejorar la coordinación interterritorial, puesto que “la salud no conoce fronteras o límites territoriales” y también ha abogado por crear una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.

RESIDENCIAS DE MAYORES
A lo largo de esta crisis, el Defensor del Pueblo ha seguido atentamente la situación de las residencias de mayores, tras recibir el testimonio de muchas personas enormemente preocupadas por la situación de sus familiares.

Este es un asunto conocido por el defensor, que lleva tiempo examinando la atención que reciben los usuarios de los centros residenciales de todo el territorio nacional, y que ha pedido en numerosas ocasiones reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto “que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias”

Entre otras cosas, la institución ha demandado más dotación de personal en los centros residenciales y más formación de estos trabajadores, que se mejore la asistencia sanitaria y que se incremente la capacidad inspectora de las comunidades autónomas para vigilar el correcto funcionamiento de las residencias.

Tal y como ha señalado Fernández Marugán, las carencias advertidas en el pasado por la institución se han puesto de manifiesto con la llegada de la pandemia a las residencias en febrero de 2020. “Estos centros han resultado ser el mejor caldo de cultivo para la propagación del virus”, ha enfatizado. 

Asimismo, ha asegurado que “se llegó a esta emergencia sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con infraestructuras y recursos materiales básicos, en muchos casos insuficientes”. Por ello, ha señalado la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con un sistema de monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana y que cada residencia tenga un plan de contingencia. 

Las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor también han permitido concluir que los primeros protocolos “no consiguieron atajar los brotes porque llegaron cuando el coronavirus ya estaba dentro de los centros”, según ha asegurado Fernández Marugán.

El Defensor ha afirmado, además, que en el ámbito de las residencias de mayores la falta de datos homogéneos y la dificultad en obtenerlos ha sido un problema en esta crisis porque imposibilita compararlos y dificulta el análisis. Por ello, ha abogado por “disponer de un protocolo común de declaración de datos muy detallado y coordinado con definiciones únicas y herramientas modernas de gestión de datos, detallado y coordinado, con definiciones únicas y herramientas modernas de gestión de información”

En lo que se refiere al protocolo de derivación a hospitales, Fernández Marugán ha manifestado que debe basarse en criterios clínicos y que no se puede excluir a nadie por su edad o discapacidad, o por el grado de dependencia. “Hacer lo contrario no es ético ni legal”, ha enfatizado.

Asimismo, ha incidido en que la prohibición absoluta de salidas de residentes de los centros para proteger su salud “supone una afectación intensa de su libertad de movimientos que para resultar proporcionada ha de condicionarse a la situación de riesgo epidemiológico existente en el centro y en su ámbito geográfico, y ajustarse a las condiciones personales de los usuarios.” 

En este sentido, ha asegurado que “otro tanto puede decirse de la restricción total de las visitas de familiares y amigos”. Aunque ha reconocido que “decidir sobre esta cuestión es un tema harto complejo y con muchas posibles soluciones, no puede olvidarse que el aislamiento puede causar importantes efectos secundarios en los mayores residentes, afectando a su estado de salud físico y emocional”. 

Por último, ha resaltado que del análisis efectuado por la institución en los últimos años se desprende que habría que tender a la generación de entornos más pequeños y domésticos, en los que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas mayores. 

El Defensor del Pueblo recibió quejas que denunciaban graves problemas de organización en las residencias, así como insuficiencia de medios, carencias en la asistencia sanitaria, falta de información y transparencia, y problemas en la derivación a los hospitales. 

En este contexto, el Defensor ha explicado que el 20 de marzo pidió más recursos al sistema residencial, público y privado, aumentar el suministro de material de protección para el personal asistencial y los residentes, permitir, siempre que fuera posible, el acompañamiento de familiares en las residencias de mayores, habilitar estructuras medicalizadas, y ampliar la realización de pruebas diagnósticas a residentes y personal. 

A principios de abril, la institución inició actuaciones de oficio con todas las consejerías de Política Social de las comunidades para conocer la respuesta dada en cada territorio a la situación provocada en las residencias por la pandemia y determinar los aspectos de mejora. 

Fruto de estas actuaciones, el defensor envió a finales de abril recomendaciones a todas las comunidades para mejorar la atención sanitaria en los centros de mayores, la información a familiares y la protección de sus derechos.  Según ha afirmado Fernández Marugán “las comunidades han manifestado expresamente la aceptación de todo lo recomendado, si bien la forma en que la pusieron en la práctica varía notablemente de unas a otras”. 

Fernández Marugán ha terminado su intervención asegurando que en este momento la prioridad absoluta debe ser “detener la propagación de la enfermedad y salvar el mayor número de vidas posibles” y para ello ha reclamado “la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado y la máxima responsabilidad en nuestro comportamiento como ciudadanos y ciudadanas”.


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