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El Defensor del Pueblo reclama un 'Pacto de Estado por la Igualdad'

Fernández Marugán habló de que la brecha de género en la cuantía media de las pensiones roza el 40%. Además, la proporción de mujeres que acceden a una pensión tiene ese mismo porcentaje inferior a la de los hombres

Redacción 14-03-2019

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Con motivo del pasado Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió "un Pacto de Estado por la Igualdad" asegurando que “una sociedad que no concilia es una sociedad sin futuro”.

Fernández Marugán apunta que, 12 años después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, "aún persisten en nuestra sociedad problemas como la violencia de género, la discriminación laboral y salarial de las mujeres y los problemas para conciliar la vida personal y laboral".

A Fernández Marugán le preocupa la "falta de acciones para acabar con la brecha salarial" y subraya la necesidad de "seguir implementando medidas de conciliación para que mujeres y hombres tengan igualdad de condiciones en el ámbito laboral y en el familiar".

PENSIONISTAS
Tal y como constató el Defensor del Pueblo en su informe 'Crisis Económica y Desigualdad', de 2018, la brecha de género en la cuantía media de las pensiones roza el 40%. Además, la proporción de mujeres que acceden a una pensión tiene ese mismo porcentaje inferior a la de los hombres .

Por otra parte, y según datos oficiales, el 99% de las beneficiarias de una pensión de viudedad son mujeres. La institución lleva tiempo defendiendo la necesidad de que el importe de estas pensiones sea digno y suficiente. Así, requirió información a la Administración sobre la posibilidad de impulsar la mejora de estas pensiones, prevista en la ley desde 2011. 

Tras informar la secretaría de Estado de la Seguridad Social que dicha mejora se produjo en el verano de 2018, el Defensor prosigue sus actuaciones tras conocer que dicho incremento se les negó a personas a las que en su día les fue reconocida una pensión de seguro obligatorio de vejez e invalidez (Sovi), que se dejó sin efectos económicos por ser incompatible con el cobro de la pensión de viudedad.


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