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El Defensor del Pueblo pide una ley orgánica para las residencias de mayores

Fernández Marugán comparece en el Congreso y reitera la necesidad de aumentar el número de plazas y revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencia, entre otras reformas

Redacción EM 29-06-2020

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El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha intervenido este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su gestión en 2018 y 2019.

Fernández Marugán, que ya presentó el pasado 15 de junio los Informes Anuales de los dos últimos años en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, continúa así con la tramitación parlamentaria que exige el mandato constitucional para dar cuenta de sus actuaciones.

A lo largo de su intervención, el Defensor se ha referido a problemas estructurales no resueltos que se repiten en ambos años, como las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, el estado de la atención residencial a las personas mayores, o el shock demográfico que afecta a España.

Fernández Marugán ha asegurado que “España ha experimentado en las últimas décadas un fuerte shock poblacional” y que “el envejecimiento de la población es un fenómeno que constituye un desafío para la Unión Europea y también para nuestro país”.

Según ha explicado, las estadísticas muestran que hoy en España los mayores de 65 años representan casi el 20% de la población total y las proyecciones apuntan a que dentro de 50 años los mayores de 65 años serán el 30% del total. “Estos datos ponen de manifiesto que estamos inmersos en un claro proceso de envejecimiento del envejecimiento”, ha apuntado.

En su opinión, esta situación obedece a la caída de la natalidad, sobre todo como consecuencia de la precariedad laboral, a los altos precios de la vivienda y su impacto en la emancipación tardía de los jóvenes, y a las escasas políticas de conciliación.

Fernández Marugán ha lamentado que “en España no nos hemos tomado en serio la continua baja de la población” y ha advertido que la actual estructura demográfica puede “lastrar  de manera muy nítida el nivel y la estabilidad del crecimiento” e, incluso, “poner en jaque la sostenibilidad las políticas de bienestar”.

A lo largo de su comparecencia, Fernández Marugán ha desgranado las diferentes actuaciones realizadas por la Institución que dirige para detectar los principales problemas que afectan a la atención residencial para personas mayores en España.

En este tiempo, el Defensor ha alertado de las carencias de medios y personal en los centros residenciales que le han llevado a pedir “reformas normativas de calado y revisión profunda del modelo”. “Carencias que se han puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de la pandemia que ahora sufrimos”, ha lamentado Fernández Marugán.

De entre las reformas más urgentes, la Institución cree necesario aumentar el número de plazas; revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial; que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora; y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores.

El Defensor del Pueblo también aboga por que las comunidades autónomas realicen un importante esfuerzo de actualización y armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento.

Además, Fernández Marugán también ve necesario que se regulen mediante Ley Orgánica aspectos que afectan a  derechos fundamentales, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas.

Tras relatar las actuaciones de la Institución en los últimos años, el Defensor ha explicado su gestión durante la crisis sanitaria generada por la Covid-19.

Así, ha apuntado que se inició una queja de oficio en los primeros días de abril con todas las consejerías de sanidad y con todas las consejerías de política social de las comunidades, para conocer la respuesta dada en cada territorio a esta emergencia sanitaria, “y posteriormente poder determinar qué aspectos habrá que mejorar o corregir para afrontar nuevas amenazas epidémicas”.

Además, a finales de abril, la Institución dirigió una serie de recomendaciones a todas las comunidades autónomas, para que se reforzara la asistencia sanitaria a los enfermos por Covid-19; para que se suministraran equipos de protección individual para el personal y los residentes; y para que se suplieran las bajas laborales de los trabajadores de las residencias de mayores.

Asimismo, la Institución recomendó que se garantizara la información a los familiares de los residentes sobre su situación de salud y su posible derivación a otro centro residencial u hospitalario; y que se permitiera que los mayores no contagiados puedan, voluntaria y temporalmente volver con sus familias durante la pandemia, sin pérdida de plaza, y siempre que sea posible sanitariamente.

LA PANDEMIA
Por último, Fernández Marugán se ha referido a la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado la Covid-19. “Un virus que nos ha arrojado, de forma impensada y brutal, a escenarios que nunca habíamos vivido”, ha dicho.

El Defensor ha advertido que, aunque estemos en desescalada, “la amenaza para la salud pública permanece” porque “hemos resistido pero todavía no hemos vencido”. Por ello, ha afirmado que “tenemos que ir con cuidado y no dejarnos llevar por el deseo de volver rápidamente a la normalidad anterior, ya que la recaída complicaría mucho las cosas”.

Así las cosas, ha apelado “al mayor nivel de consenso entre todos los responsables políticos, institucionales, económicos y sociales” para poder superar esta crisis y ha destacado que “España necesita grandes acuerdos”.


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