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El Defensor del Pueblo cree necesario aplicar reformas en ámbitos como la sanidad y la atención a personas mayores

Redacción 13-06-2019

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El Defensor del Pueblo, en funciones, Francisco Fernández Marugán, considera necesario aplicar con urgencia iniciativas y reformas –así como aumentar el personal y los medios materiales– en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a personas mayores y a personas dependientes. Fernández Marugán destacó este aspecto en el Informe Anual 2018 que entregó, esta semana, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

El año pasado, la institución tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las cuales 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 318 recordatorios de deberes legales y diez advertencias.

PERSONAS MAYORES
La investigación abierta con todas las comunidades sobre la atención que se presta en los centros residenciales para personas mayores muestra una insuficiencia de plazas públicas y concertadas de atención residencial, por lo que, en opinión de la institución, es necesario un mayor esfuerzo presupuestario.

Para mejorar la calidad asistencial, han de revisarse las ratios de personal de atención directa. El Consejo Territorial debe profundizar en las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia II y III, y estudiar la posibilidad de revisar al alza las ratios mínimas acordadas. También es preciso, a juicio del Defensor, establecer ratios por categorías profesionales, distinguiendo entre auxiliares de geriatría y otras categorías y garantizar que el personal tiene la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones.

Asimismo, la institución estima que hay que actualizar y armonizar la normativa sobre centros residenciales y mejorar los mecanismos de recopilación de datos para poder tener estadísticas fiables sobre los recursos de atención residencial disponibles, tanto a nivel de comunidades autónomas como estatal.

El Defensor del Pueblo considera además necesaria una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas en edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales.

Así, la regulación legal debería aunar el refuerzo de la garantía de los derechos del mayor que ha perdido su capacidad para consentir por deterioro psicofísico o mental, con la debida agilidad en la aplicación de los mecanismos de protección que necesita, los cuales tampoco deberían verse bloqueados por la tardanza de los  tiempos procesales y judiciales. Esa ley estatal ha de recoger también el objetivo de la minimización de las sujeciones y ofrecer certidumbre para los casos excepcionales y puntuales en que resulten imprescindibles cuando no existan o se hayan agotado las medidas alternativas. Su uso debe de hacerse siempre por prescripción facultativa, debe contar con consentimiento informado y resultar imprescindible para proteger la salud del afectado, su seguridad o la de terceros.

Otras actuaciones de la institución relacionadas con el bienestar de las personas mayores tienen que ver con el transporte y las comunicaciones. Preocupa al Defensor del Pueblo el colectivo de personas receptoras de teleasistencia domiciliaria, en su mayoría de edad avanzada, que necesitan que el servicio de telefonía se les preste de manera correcta y sin incidencias. Las quejas recibidas inciden tanto en la falta de teleasistencia como en la necesidad de resolver las incidencias de manera urgente. En estos casos, el Defensor del Pueblo pone los hechos en conocimiento del operador y de la Administración, que suelen dar solución al problema planteado y proceden al abono correspondiente derivado de la interrupción del servicio.

Por otra parte, muchas personas mayores que no están en condiciones psicofísicas de conducir dependen del transporte público para realizar sus actividades cotidianas. En este contexto se enmarca, por ejemplo, una sugerencia cursada a un Ayuntamiento para que restablezca el servicio de autobús a una residencia de mayores. Para el Defensor del Pueblo, las razones presupuestarias pueden ser un obstáculo pero no un impedimento, pues siempre cabe la posibilidad de que el ayuntamiento recabe el apoyo de otras administraciones a través de los instrumentos de cooperación previstos por la ley.

SANIDAD
La merma en la calidad de la atención sanitaria debido a algunas carencias, humanas y materiales, especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño, y a dificultades asociadas a la dispersión o a la ubicación geográfica y problemas relacionados con el transporte sanitario, tanto en su modalidad programada como urgente, también fueron motivo de queja por parte de los ciudadanos.

Además, se recibieron quejas por el copago farmacéutico, sobre todo por parte de pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad social y económica, tienen asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo. Hay que señalar la situación de personas con un grado de discapacidad muy alto, incluso superior al 90%, para las que la legislación actual señala el deber de abonar el 40% de los medicamentos que precisan, no disponiendo apenas de ingresos propios. 

Por otra parte, destacan las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia de listas de espera y en el ámbito de la atención primaria, principalmente en lo relativo a la falta de facultativos, tanto pediatras como médicos de familia. Las quejas reflejan desde la preocupación de los profesionales sanitarios por las condiciones en que desarrollan su trabajo, con particular incidencia en una dotación de recursos humanos insuficiente y en condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo. Se trata de circunstancias arrastradas desde hace varios años, para las que las Administraciones públicas no estarían ofreciendo la debida respuesta, a pesar de estar bien identificadas, cronificándose algunos problemas que hacen temer por un deterioro de la atención sanitaria pública.

Respecto al acceso universal al Sistema Nacional de Salud, y a pesar de la aprobación en 2018 de un nuevo marco legal, persisten dudas sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados casos, como son familiares de ascendientes de españoles o residentes en régimen comunitario, o personas que se encuentran en estancia temporal en España como los estudiantes extranjeros.

CRISIS DEMOGRÁFICA
El año pasado, el Defensor entregó a las Cortes otro volumen en el que se analizaban las consecuencias de la crisis económica en la sociedad española. En 2018, Fernández Marugán quiso incidir en otro asunto que le preocupa especialmente, la crisis demográfica que vive España y los efectos que puede tener en un futuro cercano.

En este estudio se reflexiona sobre varios acontecimientos que han derivado en una crisis demográfica sobre la que, en opinión del Defensor, “hay que empezar a actuar para que sus efectos no sean perjudiciales para nuestra sociedad”. Fernández Marugán llama la atención sobre el descenso de la fecundidad en España y alerta de que si bien se ha avanzado en medidas que permitan conciliar la vida laboral y la familiar todavía hoy son las mujeres las que cargan con la mayor parte de las labores del hogar.

También valora positivamente que la mortalidad infantil esté en niveles muy bajos y que la esperanza de vida de nuestra sociedad sea una de las más altas del mundo. Por estos factores positivos, hoy España cuenta con una población envejecida y por ello, el Defensor reclama a las administraciones que adopten políticas públicas para adaptarse a esta nueva realidad.

Fernández Marugán también se ha referido a las pensiones. En el estudio señala el impacto que la crisis económica tuvo en el Sistema de la Seguridad Social y pide que se emprendan reformas en el sistema, especialmente en lo relativo a su financiación, y siempre con el mayor consenso posible porque “éste es un problema que nos atañe a todos”.

El Defensor también ha llamado la atención sobre la “preocupante” despoblación de una parte del territorio español. En su opinión, se está creando una brecha de desigualdad con los ciudadanos que viven en estas zonas y esto es incompatible con los principios constitucionales de solidaridad e igualdad. “No  podemos crear ciudadanos de primera y de segunda, el problema de la España vacía hay que atajarlo como lo que es, una cuestión de derechos y libertades”, ha concluido.


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