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El Ceaps alerta del 'abandono 'de las políticas sociales en España

Según la entidad, la atención a las personas con dependencia se pronostica, en 2020, igual de 'olvidada' que lo ha estado en 2019

Redacción EM 02-01-2020

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El Círculo Empresarial de Atención a la dependencia (Ceaps) alerta que las atención a las personas con dependencia se ha quedado “perdida” en 2019 y que el panorama del 2020 sigue igual y lanza “al olvido” la realidad de 2,3 millones de españoles que requieren de cuidados, según los datos aportados por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). “Con cada Gobierno que se olvide de la atención a las personas, que no defienda cumplir la le y dote con presupuesto real y finalista la atención a los ciudadanos más vulnerables, se estará condenando “, explica Cinta Pascual, presidenta del colectivo.

Algo que sigue pasando de "puntillas” para los representantes políticos que están negociando los acuerdos de Gobierno que no hablan de las personas en mayor riesgo de vulnerabilidad, de cómo se van a ofrecer los cuidados qué necesitan, ni de quién los va a pagar en los preacuerdos y reuniones que se están realizando para la formación del nuevo equipo que dirigirá el Estado. 

"La realidad de caos del sistema de dependencia que lleva a que 85 personas al día al día mueran con los derechos reconocidos pero sin recibir ninguna ayuda puede solucionarse si se interviene de forma inmediata, antes de que la denominada generación de ‘baby bommers’ se incorpore a la reclamación de estos servicios", señalan desde Ceaps.

Hay que tener en cuenta que la financiación de la Ley de Dependencia, dicen, "nunca se ha cumplido los ejes establecidos que marcaba que el Estado y las comunidades autónomas se repartían al 50% la financiación de la misma. Algo que ahora se encuentra en un porcentaje del 20-80% respectivamente, lo que desequilibra el sistema y deja en manos de las regiones una deuda que arrastran año tras año si quieren desarrollar la norma para atender a los ciudadano que lleva, del mismo modo, a que haya diferencias de atención según donde se viva". 

“No existen los mismos derechos para todos los ciudadanos, un murciano no tiene los mismos apoyos que un gallego ni derecho a los mismos servicios, algo incomprensible un Estado de Derecho”, continúa la presidenta del organismo. 

La realidad se ve lastrada por la falta de incremento presupuestario. De hecho las últimas medidas de la anterior legislatura estuvieron vinculadas, precisamente al apoyo del cuidador no profesional. Algo que no legitima la realidad y que “condena al sistema de Dependencia a la desaparición junto con la falta de financiación real y digna que ofrezca servicios de calidad”, según explica Pascual. 

La financiación del sistema por las Administraciones públicas, que como se explica en el punto 1 de la Norma debe “ser la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos” y que esta se produce de forma desigual dependiendo del territorio.  Esto lleva, por ejemplo a que en comunidades como Castilla y León la comunidad aporte el 80% del importe que le corresponde a la aportación pública, mientras el estado aporta el 20 y la Ley establece que sería el 50%.

El último incremento no se tiene en cuenta que en la actualidad existe un sector empresarial profesionalizado, en su mayoría mujeres, que trabajan en el sector de la dependencia, que es un sector en expansión, de futuro, intensivo en mano de obra, estable y no deslocalizable y con presencia en todo el territorio nacional, tanto urbano como rural. Factores fundamentales que, junto a la importancia que tiene el sector en el que trabajan, el de las personas mas vulnerables, es transcendental poner en valor de cara, tanto a los profesionales como a la sociedad. Así como que cabe destacar que el sector empresarial privado ha sido el motor de crecimiento de empleo por cuenta ajena en el ámbito de actividad de los cuidados profesionales.

Por otro lado, Ceaps, en nombre de sus asociados, trabaja y solicita una revisión de los precios públicos, ya que en algunas regiones llevan más de diez años sin actualizarse y están alejados de los costes reales y de la inflación acumulada


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