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El Índice DEC 2018 señala una evolución positiva en los servicios sociales con respecto al principio de la legislatura

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) presentó su informe anual en el que destaca que Euskadi, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en esta materia

Redacción 21-05-2019

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Euskadi, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales. En el lado contrario se encuentra la Comunidad de Madrid, Murcia, Comunitat Valenciana y Canarias, si bien estás dos últimas registran mejoras significativas. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) presentó los resultados del Índice DEC 2018, que coinciden con el final de la legislatura y el inicio de la nueva a nivel estatal, municipal y en la mayor parte de las comunidades autónomas.

Según explican desde la ADGSS, "Se puede apreciar así una evolución globalmente positiva, ya que, si al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54 puntos, en 2018 supera el aprobado con 5,22 puntos". La evolución positiva se registra en casi todas las regiones y, especialmente, en aquellas que partían de una peor situación.

No obstante, según indica el informe, la evolución positiva de los servicios sociales en los primeros años de la legislatura en todas sus dimensiones (ordenación, relevancia económica y cobertura) parece estancarse en los dos últimos años. Desde la asociación advierten que, más allá de los datos, "sigue planeando la amenaza de convertir a los servicios sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checkingsocial) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas. Se establecen para atender las situaciones de pobreza, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos".

GRANDES DIFERENCIAS ENTRE REGIONES
El informe constata de nuevo que se mantienen, en buena medida, las grandes diferencias entre territorios, así como de los desequilibrios del sistema. Así, por ejemplo, las Administraciones públicas en Euskadi destinan más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (703 euros) que Murcia, con solo 297 euros; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a servicios sociales (2,594%) es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.

También en las prestaciones y los servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias. En Navarra, por ejemplo, hay un profesional de los servicios de Atención Primaria por cada 890 habitantes. En la Comunidad de Madrid esta ratio se multiplica por diez, con un profesional por cada 8.354 habitantes.

El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la dependencia, y su tasa de desatención –limbo– es de 1,6%. En Canarias solo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su limbo asciende hasta el 29,3%.

Por otro lado, mientras las Rentas Mínimas de Inserción en Euskadi alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo llega al 2,1%. Además, otras cinco regiones están por debajo del 5% (Andalucía, Illes Balears, Canarias, Extremadura y Murcia).

RECUPERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA ANTERIOR A LA CRISIS
El gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%. Desde la ADGSS aseguran que "si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado". 

Respecto a la distribución del gasto entre Administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% del presupuesto autonómico.

Para la asociación, "alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social".

GASTAR MÁS NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR
Un año más, explican desde ADGSS, "se pone en evidencia que las comunidades que más gastan en servicios sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía". En consecuencia, aseguran, "las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia, sino también de la eficiencia del sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las Administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales".

A pesar de todo, concluyen en ADGSS, "siendo un sistema muy mejorable, con sus luces y sus sombras, el sistema  y sus profesionales han atendido a más de ocho millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación".


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