Hace solo unos días, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, aseguraba que “hay que evolucionar de un modelo de cuidados de larga duración asistencial para evitar vidas encorsetadas. Se trata de que los mayores vivan en lugares que sean como sus hogares; estamos en un camino previo y tendrán que organizarse en unidades pequeñas”, apuntó tras entrevistarse con representantes de agentes sociales y miembros de la SEGG en el marco del 62 congreso de esta Sociedad.

Álvarez defendió el cambio de Modelo de Cuidados de Larga Duración que se acaba de aprobar hoy en el Consejo Interterritorial y destacaba al respecto que se trata de una transformación basado en que la pandemia ha forzado “las costuras del sistema de atención a la dependencia. Tenemos –afirmó- un sistema de cuidados muy asistencial y tradicional y no siempre las personas pueden desarrollar su vida en ese entorno priorizando sus preferencias”.

Según Álvarez, el cambio de modelo tiene que ir de la mano de una nueva financiación y el Gobierno se ha comprometido con la dotación de 600 millones de euros y otros 600 millones en el 2022. “En dos años se ha duplicado la financiación a la atención a la dependencia”.

“Queremos superar este modelo, avanzar hacia otro no tan asistencial como ha sido históricamente; en demasiadas ocasiones se originan vidas encorsetadas en centros donde no se respeta la intimidad. Cumplir años no es condición para ver mermados sus derechos", afirmó.

El nuevo modelo, avanzaba, quiere establecer elementos para asegurar la calidad de la atención y respeto a los derechos de los mayores. “Hay que girar unos grados el trasatlántico que es el modelo de CLD. No va a ser de la noche a la mañana, pero reorientando unos grados puede que, a lo largo de los próximos años, lleguemos a un puerto distinto. Todo el modelo se basa en poner a las personas en el centro. Las personas tienen el derecho a apoyos personalizados porque los servicios uniformizados olvidan intereses que debemos atender”, expuso.

En este sentido, Álvarez recordaba que hoy se envejece de forma distinta y que todos los datos indican que las personas quieren estar el mayor tiempo posible en sus hogares y hay que potenciar ayuda a domicilio. Se ha mostrado absolutamente partidario de garantizar la desaparición de sujeciones de todo tipo en tres años, y de reducir la atención residencial a centros de pequeña escala, como se señala en los organismos europeos, con un máximo de 120 plazas. “En cuanto a las residencias debe avanzarse a un ambiente más hogareño: es esencial la organización interna en unidades de convivencia como máximo de 15 personas. El 60% de las habitaciones deberían ser individuales y poner en valor la participación de las familias”.

Tras el acuerdo alcanzado, atrás quedan meses de negociación entre ministerio y comunidades, que no alcanzaban un punto de acuerdo sobre los requisitos mínimos en torno al nuevo modelo de cuidados. 

No se manifestaba conforme el presidente de la la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), Francisco José Núñez Alía, que aseguró que la propuesta del ministerio que, en los términos en los que estaba redactada, “pone en ‘jaque’ la viabilidad del sector residencial en la comunidad”, sumándose al rechazo del documento que ya había manifestado el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Aplicar los criterios que marca el nuevo modelo requiere de una inyección de financiación. De lo contrario, será totalmente inviable ponerlo en práctica en Castilla-La Mancha”, sostiene Núñez Alía, quien afirma que “si el sistema ya estaba tocado, la nueva normativa no hará sino hundirlo”. Por tanto, reclama al Gobierno que antes de aprobar ningún cambio en los criterios de acreditación de los centros “apruebe, o al menos comprometa, qué financiación le acompaña”.

Las patronales Aeste, Asade, Ceaps y FED tampoco daban su visto bueno y solicitaron, en su día, la realización de una memoria económica que justificara y "diese sentido un cambio radical en el sistema de cuidados tal y como se pretende". 

Las organizaciones están apostando por mejorar la calidad en el servicio y las condiciones laborales de sus profesionales, compatibilizándola con la sostenibilidad del Sistema de Dependencia. La nueva normativa "obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios existentes, y a reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España", exponen en un comunicado conjunto.

Los profesionales comentaron al respecto que “este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una reestructuración de la financiación”. Esto supondría una merma significativa de oferta de plazas que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias”.