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Ana Lima: 'Los PGE 2019 son unos presupuestos honestos que buscan la justicia social'

La secretaria de Estado de Servicios Sociales detalló las partidas de su departamento en la Comisión de Sanidad del Congreso y aseguró que, con ellas, se pretende 'recuperar el camino retrocedido en los años de crisis'

Redacción 31-01-2019

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“Son unos presupuestos de marcado carácter social. Son unos presupuestos honestos, que buscan la justicia social”. La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, detalló, ayer, en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso, las partidas correspondientes a servicios sociales incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. En total, las que dependen de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales suman 2.751,43 millones de euros. Se trata del 86,69% del presupuesto total del Ministerio de Sanidad previsto para 2019.

La Secretaria de Estado explicó que la ambición de las cuentas presentadas es, por una parte, “recuperar el camino retrocedido en los años de crisis donde se aplicaron medidas de austeridad en los servicios sociales”. Por otra parte, subrayó Lima, “pretenden reforzar y garantizar los derechos a los servicios sociales".

INCREMENTO EN DEPENDENCIA
El presupuesto previsto para Servicios Sociales registra un incremento del 54,03% en relación a 2018. Ello se debe, fundamentalmente, al incremento de la financiación en Dependencia, que aumenta en 831 millones (un 59,50%) respecto a 2018, alcanzando 2.429,37 millones de euros.

Esta subida se reparte en los conceptos de nivel de financiación mínimo (1.723 millones), la recuperación del nivel acordado (100 millones) y del pago de la cotización de la seguridad social de las cuidadoras familiares (315 millones). Con esta distribución, el Gobierno muestra la voluntad de recuperar los derechos perdidos en 2012. “Permitirá reducir la lista de espera, si las comunidades autónomas mantienen o incrementan su inversión en materia de dependencia”, remarcó la Secretaria de Estado. Además supone un reconocimiento a las cuidadoras no profesionales: “Más de un 90% son mujeres, y a partir de ahora estos cuidados computarán como períodos cotizados de cara al devengo de futuras pensiones contributivas, por ejemplo, de jubilación”, asegura Lima.

TERCER SECTOR
La secretaria también incidió en cómo los presupuestos tienen en cuenta al tercer sector y a la sociedad civil. “Para promover la igualdad y la solidaridad, es fundamental reforzar nuestra actuación con la sociedad civil, organizada a través de entidades y asociaciones que promueven los mismos valores”, indicó. Dentro de los presupuestos destinados a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, se prevén 22 subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social, por un importe de 4,25 millones de euros, habiéndose incrementado la dotación destinada al CERMI. 

Por su parte, el Real Patronato de Discapacidad aumentó la dotación del Programa Reina Letizia para la inclusión social en un 357,23%, con la finalidad de destinar el importe de los saldos y depósitos abandonados (“cuentas durmientes”) a la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.


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