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34 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes alcanzan la excelencia en inversión de servicios sociales

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales realiza, por cuarto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los consistorios destinan a esta materia

Redacción EM 04-01-2021

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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) ha realizado, por cuarto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social' con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2019 que publica el Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos.

A partir de esa información oficial, se califica a los ayuntamientos en tres categorías, en función de determinados criterios de su inversión social: Excelentes: 34 ayuntamientos (6 más que el año anterior); Precarios: 19 ayuntamientos (15 menos que el año anterior); y Pobres: 45 ayuntamientos (7 más que el año anterior).

Estos son los cuatro criterios para cada categoría, y la correspondiente relación de ayuntamientos:

1. Criterio de suficiencia económica: gasto acreditado en servicios sociales superior a 100 euros habitante/año.
2. Criterio de incremento económico: que el Presupuesto en 2020 el gasto social por habitante no se haya reducido respecto a la Liquidación resultante de 2019.
3. Criterio de esfuerzo inversor: que el gasto social 2019, represente al menos un 10% del Presupuesto Total no financiero del ayuntamiento. 
4. Criterio de transparencia financiera: que permita cotejar en el portal de Transparencia de la Web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto imputado a servicios sociales.

De la aplicación de los mismos, se concluye que solo 34 ayuntamientos cumplen los criterios de excelencia. 

La comunidad con mayor número de ayuntamientos con excelencia en su gasto en servicios sociales es Andalucía con 14 ayuntamientos, seguida de Catalunya con 7, Euskadi con 3, Aragón con 2, y el resto de comunidades con un solo ayuntamiento, a excepción de Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, en las que no cuentan ni un solo consistorio que atienda a estos criterios de excelencia.

A todos ellos, desde la ADGSS muestran su "más sincera consideración por su apuesta decidida por elevar la inversión social en nuestro país, para atender a sus vecinos desde unos servicios sociales dignos y de calidad".

SOBRE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Por otro lado, y al respecto de los PGE que acaban de estrenarse, la ADGSS señala que estos revierten los recortes que se habían sucedido en servicios sociales y dependencia. "Las partidas para la dependencia aumentan hasta 2.359 millones, un 34,4%, y el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales aumenta hasta 100 millones. Se podrían atender a 100.000 nuevos beneficiarios reduciendo la lista de espera de la dependencia en un 28% y generar más de 25.000 nuevos empleos en el sector", destacan desde la entidad.

Añaden, sin embargo, que "se deben reforzar en más de 2.000 profesionales los servicios sociales locales o de atención primaria e incrementar las ayudas de emergencia social".

En conclusión, la ADGSS alega que "se recuperan los recortes del año 2012 en dependencia, y se reinicia la implementación de la ley. Tal y como establece el Plan de choque y el pacto de Estado por la Dependencia la lista de espera debe ser la prioridad. La media de espera en España es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en algunas comunidades, y solo en tres comunidades es inferior a seis meses".

"Los incrementos presupuestarios deben ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera. Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost", advierten desde la asociación. También es preciso, añaden, "acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos. Regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio".

Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia. "Las nueve comunidades que este año han disminuido en número de beneficiarios, deben recuperar esa tasa de reposición y se deben ocupar las 15.000 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 95.915 personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia", explican.

De la misma manera que se ha evidenciado la importancia de la atención primaria en salud, "los servicios sociales municipales son la primera línea de protección social y deben articular respuestas ágiles a la crisis social", recoge el documento publicado por la ADGSS. El incremento presupuestario del Plan Concertado estima en la memoria económica de los PGE que el incremento de personas usuarias se duplique, llegando a 12.577.500 usuarios previstos en 2021. Para ello, "sería necesario que las comunidades autónomas y entidades locales también incrementaran presupuestos para prestaciones básicas. Casi 1.000 millones de euros es el coste anual de esta red. La AGE pasara de financiar de un 2,9% a un 10%. Más de 60.000 profesionales de atención primaria de servicios sociales deben garantizar las prestaciones básicas a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Es necesario simplificar procedimientos burocráticos complejos y establecer la prescripción social facultativa".


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