El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) valora positivamente el incremento del 23% de la partida de dependencia que recoge el Proyecto de Presupuestos para 2022, si bien insiste en que se trata de una “financiación insuficiente”, ya que esa cuantía está muy lejos “del 2% del PIB que se necesita para que exista una atención plena de las personas dependientes en toda España”.

Según la cantidad presupuestada para el año que viene, la dependencia experimentaría un aumento hasta alcanzar la cantidad de 2.902 millones de euros, mientras que el nivel mínimo aumentaría en un 22,91%, hasta los 2.146 millones de euros, y el nivel lo haría en un 70,6%, lo que supone 483 millones de euros en total.

“Llevamos mucho tiempo diciendo que el modelo no ha fallado, lo que falla es la financiación y, para eso, es muy importante llegar al 2% del PIB para la Dependencia”, sostiene la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, quien señala que la inversión actual del Gobierno es tan solo del 0,7%, “nada que ver con la de otros países de nuestro entorno”. “El déficit es evidente”, apostilla, quien recuerda que el propio secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, reconoce que la transformación de los cuidados “requiere una financiación necesaria”.

CEAPs apoya esa reivindicación en el informe ‘El Precio Justo; lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’, realizado por la patronal y Gerokon.

De esta forma, reclama una mayor inyección económica y exige que el 1 de enero de 2022 las tarifas en todas las Comunidades estén como mínimo por encima de los 2.030 euros. Pero aún pide más y si “Queremos un aumento de los salarios, queremos habitaciones individuales..., hay que ser transparentes. Si no llegamos a esa a los 2.300 euros y de ahí hacia arriba no podremos prestar el servicio que la sociedad quiere y requiere”, explica Pascual, quien lamenta que actualmente diez autonomías están por debajo del básico que son los 2.030 euros.

Junto a esto, reivindica que exista un sistema de concertación mixta, con un 50% de plazas concertadas y otro 50% plazas privadas, abonadas con prestaciones vinculadas al servicio; que se fije una ratio global de profesionales mínimo del 50%, y que solo exista una única tarifa de atención a la dependencia, no basada como hasta ahora en los grados de Dependencia de la persona usuaria del servicio. Además, que se trabaje con indicadores de satisfacción del propio usuario para medir la calidad del servicio, garantizando el uso de herramientas de Atención Centrada en la Persona.