La Comisión de Derechos Sociales del Senado, presidida por Ana Belén Edo Gil, aprobaba, el pasado mes de diciembre, la puesta en marcha de la ponencia de estudio sobre el Proceso de Envejecimiento en España. Desde entonces se suceden las comparecencias de expertos para abordar una temática con importantes repercusiones sociales tanto en la actualidad como de cara al futuro. La cámara alta ha acogido la intervención de Juan Ignacio Vela, presidente del Grupo Social Lares, dedicado al servicio de personas mayores, en situación de discapacidad, dependencia o en riesgo de exclusión social.

Sus palabras han acercado la realidad vivida en las residencias de mayores durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 a los senadores allí reunidos: “Hay que decirlo bien claro: a los mayores se les ha castigado muy duramente con un aislamiento muy severo. ¿Cómo se le puede explicar a una persona mayor que debe estar confinada en una habitación de 15m2, durante 90 días?”, ha preguntado Vela a los asistentes. Además, ha recordado que “muchos mayores no han fallecido de Covid-19, lo han hecho por otras patologías y por soledad. Y, en este punto, ni siquiera se ha permitido que ellos se despidieran de sus familias, ni las familias de ellos. Se les ha arrebatado el derecho a la despedida”.

Según las últimas estimaciones, en todo el mundo, el número de personas con más de 60 años pasará de 600 a 1.200 millones en 2030. Más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos que no están adaptados a las necesidades de los mayores. Por eso, Vela ha defendido en su intervención que “el primer propósito de los legisladores debería consistir en el desarrollo de un plan urbanístico que tuviera en cuenta los problemas actuales a los que se enfrenta la población mayor en las ciudades y las medidas a adoptar para ponerlos fin”.

Se trata, por tanto, de alinearse con los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el concepto de envejecimiento activo, como recoge la Guía 'Ciudades globales amigables con los mayores' publicada por este organismo en 2007. “Miren a su alrededor. Las grandes urbes no están pensadas para cuando seamos mayores, hay infinitas barreras arquitectónicas que impiden una libre circulación de movimientos; las aceras, los parques e, incluso, el transporte público, están pensados para el uso y disfrute de otras franjas de edad, mucho más jóvenes”, ha señalado Vela.

“El cuidado de las personas mayores no tiene que tener como objetivo la calidad de los cuidados sino la calidad de vida”, ha manifestado el presidente del Grupo Social Lares para referirse, acto seguido, a la labor del cuidador “tan necesaria e importante” y para la que es urgente la puesta en marcha de un proceso de “dignificación, reconocimiento y cualificación profesional de los profesionales que cuidan a las personas mayores”.

Tampoco se ha olvidado de una de las principales reivindicaciones de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, de la que Lares forma parte: la elaboración y aprobación de una Ley integral para los derechos de las personas mayores y, también, el rediseño del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ante el incremento de las personas que deciden vivir en sus domicilios la última etapa de sus vidas. “Es necesario configurar un conjunto de servicios integrados para la atención en domicilios que proporcionen atención primaria, teleasistencia, apoyo a las familias, centros de día, el desarrollo de la asistencia personal y la participación del voluntariado y otras iniciativas”, ha señalado Vela.

El término edadismo –o la discriminación por motivos de edad– también ha tenido cabida en el discurso de Vela: “Si ser mayor, como hemos visto, es de por sí un elemento activo para la discriminación, ser mayor y pobre multiplica su efecto. Lares tiene el compromiso irrenunciable de cuidar bien y, cada día mejor, en sus residencias de mayores y personas en situación de dependencia, sin dejar a nadie atrás por causas económicas”, ha afirmado.

Por último, ha querido insistir en un problema crónico del sector: la injusta financiación que sufren todos estos centros. “En España, debe producirse una importante apuesta pública de apoyo al tercer sector para financiar el proceso de adecuación de las estructuras de sus centros a las nuevas necesidades. Desde Lares, consideramos que las residencias deberían tender a ser centros abiertos a la comunidad, de prestación de diferentes servicios”, ha concluido Vela.