El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha dado luz verde al Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 que la Vicepresidencia segunda del Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha debatido con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales desde el pasado mes de octubre, y para el que se alcanzó un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social con las organizaciones empresariales y sindicales.

El plan establece como objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.

"Tenemos por delante una importante tarea para poner en marcha este plan, que se refleja en el intenso calendario de trabajo que hoy aprobamos", ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que presidía hoy la reunión telemática de este Consejo Territorial. 


"A lo largo de este año vamos a implementar una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia que permitirá cuantificar con exactitud las aportaciones de toda la inversión que se realiza en el sistema de cuidados a la actividad económica, el empleo y, finalmente, a la propia recaudación fiscal", ha dicho Iglesias. "En definitiva, podremos expresar con claridad el carácter de inversión que tiene esta política pública, y los importantes retornos económicos que genera, además de su contribución al bienestar y los derechos sociales", concluía el vicepresidente.

La reducción de las listas de espera, que mantienen en la actualidad a más de 230.000 personas dependientes a la espera de recibir una prestación, y a las que habría que sumar otras casi 150.000 que aguardan ser valoradas, es el objetivo prioritario para todas las administraciones.

Para ello se aprobará en este próximo mes de febrero un plan específico de medidas que incluirá, junto a las metas concretas establecidas en cada territorio, una mejora de los procedimientos administrativos y de gestión, así como de los sistemas de información.

Introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad, es otro de los grandes objetivos de Gobierno y comunidades autónomas y para el cual se han acordado un conjunto importante de actuaciones tales como:

- Al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.

- A lo largo del primer semestre de 2021 se evaluarán y concretarán las mejoras de las prestaciones del sistema que es necesario implementar y se establecerá un calendario para su aplicación durante los años 2022 y 2023. En concreto, se evaluará la elevación de las intensidades horarias del Sistema de Atención Domiciliaria y de los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, la mejora de las prestaciones económicas, la ampliación de las compatibilidades entre las distintas prestaciones y servicios, así como la extensión de la Escala de Valoración Específica desde los tres hasta los seis años, entre otras.

- A lo largo de 2021 se regulará la figura del Asistente Personal y se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

- También en 2021 se revisarán los criterios que se aplican a los copagos que realizan las personas dependientes.

Para asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el Sistema de Atención a la Dependencia son adecuadas, como garantía de la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias del sistema, el plan incluye distintas medidas, entre ellas:

- En el primer semestre de 2021, el Consejo Territorial acordará las modificaciones del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia de 2008 que sean necesarias para reforzar la calidad de los servicios y las condiciones laborales en que se prestan. También para paliar la insuficiencia en el número de profesionales de la que adolece el sector, en parte derivada de las condiciones precarias en que trabajan estas personas, así como la posible revisión de los precios de los conciertos, y para asegurar el cumplimiento de estos estándares de calidad en todos los establecimientos y servicios del sistema, incluyendo un refuerzo de las inspecciones.

- Igualmente, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se diseñará un programa, dotado con 25 millones de euros, para la mejora de la cualificación del personal de los servicios de cuidados de larga duración y de los servicios sociales.

El plan contempla un aumento de la financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia por parte de la Administración General del Estado, que se ha concretado en la subida de las cuantías del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Su impacto presupuestario se estima en un incremento de al menos 600 millones de euros respecto al año 2020. Además, en los presupuestos de 2022 y 2023 se incluirán nuevos aumentos, acumulativos, de una magnitud similar, con lo que el aumento total de la inversión en el Sistema de Dependencia durante estos años será de 3.600 millones de euros.