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El informe que analiza la dependencia destaca que es el 'momento oportuno' para una reforma del sistema

El documento recoge además la gran capacidad de la ley para la creación de empleo y señala la necesidad de realizar un profundo análisis desde una perspectiva de género

Redacción 27-10-2017

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Se publica el informe de la Comisión para el Análisis de la situación del Sistema de la Dependencia, un documento de casi 180 páginas en las que se analiza la situación actual del Sistema de Dependencia y sus mecanismos de financiación. La comisión fue creada por el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2017, como consecuencia de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes del día 17 de enero. Ha estado integrada por representantes de la Administración del Estado y de las comunidades de Catalunya, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla y León.

Los trabajos desarrollados en el seno de esta comisión, desde su creación, han estado presididos por el diálogo y la búsqueda de consensos entre todos sus integrantes, hasta cerrar el texto definitivo del informe. Entre sus conclusiones se destaca que sería el momento oportuno de realizar una revisión de la Ley de Dependencia que aproveche la experiencia acumulada en su gestión durante sus diez años de vigencia. Esta revisión debe tener en cuenta las demandas de la ciudadanía, para adaptarse a ellas, flexibilizando la estructura de la ley para mejorar su capacidad de respuesta a los nuevos problemas sociales y para garantizar su sostenibilidad.

El texto recoge además la gran capacidad de la ley de dependencia para la creación de empleo, tanto directo como indirecto, y la importancia de conocer los retornos económicos que esta actividad genera. Se señala también la necesidad de realizar un profundo análisis desde una perspectiva de género que preste especial atención tanto a las necesidades de las mujeres cuidadoras como a la situación de las mujeres que reciben los cuidados, que son mayoría en ambos casos.

Como última conclusión, el documento  señala que se hace necesario que los órganos competentes en el proceso de revisión de la financiación autonómica estudien, en el menor plazo posible, las cantidades aportadas por cada Administración implicada con el fin de analizar la equivalencia en los esfuerzos financieros realizados de cada Administración desde la puesta en marcha del SAAD.


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