Desde Atocha hasta la Puerta del Sol, miles de pensionistas y población en general han secundado el acto final de las Marchas por las Pensiones Dignas, organizadas por CC OO y UGT. Tras diez días recorriendo España, las movilizaciones llegaron a Madrid para concluir sus recorridos con una gran manifestación en la capital. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, manifestó su agradecimiento a todos los participantes en las marchas por el trabajo realizado y expresó "nuestro compromiso firme con ellos de que vamos a conseguir cambiar la actual situación que padecen nuestros jubilados y nuestros pensionistas".
En declaraciones a los medios, Álvarez señaló que las marchas "llegan con una voluntad clara de exigir al gobierno que no aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones" y con tres exigencias fundamentales. La primera "es que necesitamos que se revaloricen las pensiones de acuerdo con los precios" poniendo fin a las revalorizaciones del 0,25% anual que ha venido realizando el Gobierno en los últimos ejercicios. Para el Secretario General de UGT "es necesario derogar la reforma de las pensiones del año 2013", su índice de revalorización y el llamado factor de sostenibilidad, para poder empezar a negociar una nueva reforma.
La segunda exigencia se refiere a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, para lo que Pepe Álvarez considera "necesario que la recaudación mejore. ¿Cómo? Quitando algunas cosas que no corresponde pagar a la Seguridad Social, como por ejemplo pagar las subvenciones a los contratos, o que los gastos de la Seguridad Social sean a cargo del Estado" o destopando el actual tope máximo de las pensiones.
La tercera exigencia de las marchas por las pensiones dignas tiene que ver con nuestra equiparación al entorno europeo, ya que "estamos en un gasto del 10,4% del PIB, y en la mayoría de los países de la zona euro están por encima del 14%", según el Secretario General de UGT.

2.500 kilómetros recorridos
Las marchas por las pensiones dignas que han llegado a Madrid empezaron sus recorridos el pasado 30 de septiembre. La ruta 1 fue compartida por pensionistas de Galicia, Asturias y Castilla y León, la ruta 2 estuvo comprendida por pensionistas de Cantabria, Euskadi, Navarra, Aragón, Rioja y Castilla-La Mancha, y en la ruta 3 confluyeron caminantes de País Valenciano, Región de Murcia, Andalucía y Extremadura. Además, tanto en Baleares como en Canarias se realizaron marchas y concentraciones durante estos días. A lo largo de su recorrido las marchas han contado con la presencia de representantes de las Ejecutivas confederales de ambos sindicatos. En total, en torno a 2.500 kilómetros recorriendo las carreteras y localidades españolas para reivindicar pensiones dignas.
Durante su recorrido las marchas recabaron el apoyo ciudadano e institucional de la práctica totalidad de las localidades por las que transcurrieron, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular, y con pocas excepciones, como fue el caso de Cáceres que puso dificultades al desarrollo de las marchas, según señalan desde UGT. En total, más de 2.500 firmas de apoyo al manifiesto e innumerables resoluciones municipales de respaldo a las marchas y a los pensionistas durante el trayecto.
 Tal como figura en el manifiesto de la convocatoria realizada por las organizaciones sindicales UGT y CC OO, las principales reivindicaciones han sido denunciar la reforma de pensiones de 2013, implantada por el Gobierno del PP, que está condenando a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros, y la exigencia de una revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que el 50% de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, de ellos, el 4,8 millones de pensionistas está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se sitúa en 918 euros mensuales y la más frecuente en 650 euros.
El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un incremento del IPC del 1,6%.
Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya que, si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por esta reforma.

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