Es, sin duda, la reforma más esperada y más necesaria que en tenemos a la vista en el panorama nacional. Y se confiaba que, de verdad, esta primavera sería la fecha para empezar a poner en marcha los cambios imprescindibles para hacer viable y sostenible un sistema de pensiones que se cae a pedazos.

Hasta el último momento, representantes del Pacto de Toledo del PSOE, PDeCat y PNV –Ciudadanos permanecía a cierta distancia– trataron de apurar una foto finish de consenso tras el anuncio de la convocatoria electoral para el 28 de abril. Pero el calendario tan ajustado ya pronosticaba un mal final, ya que de haberse consensuado el texto, faltaba llevar las recomendaciones a la comisión; después tenían que ser aprobadas en el pleno siguiente y finalmente, debía elevarse al consejo de ministros.

En esta reunión de mediados de febrero, se cerró toda esperanza. Ante un texto, a priori de conformidad con las partes, Podemos se desmarcó y anunció que presentaría votos particulares a tres de las 21 recomendaciones (sobre la edad legal de jubilación, el sistema complementario de pensiones y la ampliación de los años de cotización para el cálculo de la prestación).

Aquí surgen dos versiones. Para unos, Podemos “dinamitó” estos trabajos con esa ‘enmienda’. Sin embargo, la interpretación de Podemos es que los trabajos no estaban tan avanzados y señalan que se pretendía “forzar una foto de consenso sobre un texto inexistente”, una versión que también fue respaldada por ERC. Ante este escenario, PP anunció que, con este cuestionamiento del texto, no tenía sentido seguir adelante.

En cualquier caso, los asuntos peliagudos que han generado más dificultades para este acuerdo son en torno al aumento de la edad efectiva de jubilación; la ampliación del cálculo de la pensión a toda la vida laboral; la separación o no de las fuentes de financiación de las pensiones; mantener o no el Fondo de Reserva; y los fondos de ahorro privados.