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Edad&Vida advierte del peligro de no acometer reformas estructurales al sistema de pensiones

Ante una nueva reunión del Pacto de Toledo propone tres alternativas: un reparto basado en la solidaridad intergeneracional, ahorro colectivo a través de la empresa y ahorro de carácter individual

Redacción EM 09-05-2018

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A las puertas de una nueva reunión del Pacto de Toledo, la Fundación Edad&Vida advierte de que solo se garantizarán unas prestaciones dignas con el desarrollo completo de los tres pilares de previsión social: reparto basado en el principio de solidaridad intergeneracional, ahorro colectivo a través de la empresa y ahorro de carácter individual.

A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, que recogen la revalorización de las pensiones respecto al IPC durante 2018 y 2019 (una subida del 1,6%, este año; y un 1,5%, el próximo) y retrasar cuatro años la aplicación del factor de sostenibilidad, pensionistas de toda España siguen movilizándose exigiendo medidas que garanticen unas pensiones justas y dignas a medio y largo plazo.

El estudio ‘El ahorro para la jubilación a través de la empresa’, galardonado en la XII edición del Premio Edad&Vida Higinio Raventós, advierte del peligro de no acometer reformas estructurales al actual sistema de pensiones, ya que esta situación podría suponer una contracción de la economía del 6,5% en los próximos siete años.

Para evitar esta situación económica, el citado trabajo de investigación, desarrollado por el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICEA) y la Universidad Complutense de Madrid, propone una reforma del sistema basada tanto en el desarrollo del ahorro colectivo a través de la empresa como en el de carácter individual. Unas medidas que, según Edad&Vida, “mejorarían significativamente el PIB, los beneficios empresariales y las tasas de ahorro, empleo y consumo de hogares en 2025”.

La propuesta avalada por Edad&Vida propone un sistema complementario de pensiones a través de la empresa de carácter mixto. Una parte sería obligatoria y progresiva, empezando por las empresas más grandes. La otra parte con un tratamiento fiscal favorable y atractivo tanto para las aportaciones realizadas como para los rendimientos obtenidos con, por ejemplo, deducciones proporcionalmente mayores en las primeras aportaciones que en las finales.

Con el desarrollo de este segundo pilar de la previsión social (ahorro colectivo a través de la empresa), se conseguiría que las personas con rentas medias-bajas y medias y cierta capacidad de ahorro accedieran a la previsión social complementaria.

De esta manera, sería posible reducir la presión sobre el primer pilar (el de la solidaridad intergeneracional) y disponer de más recursos para ayudar al segmento de población sin capacidad de ahorro y que más necesita de la ayuda del sistema público, pudiéndoles así garantizar unos recursos suficientes en la última etapa de su vida.

Según el estudio de ICEA, el sistema propuesto ayudaría a fomentar el ahorro y a reducir las cotizaciones a la Seguridad Social en 2025 si se cumplen una serie de criterios de crecimiento de la productividad y demográficos. Las cotizaciones pasarían de ser de un 28,3% a un 22,7%, 4,6 puntos menos. El desarrollo de la previsión social permitiría mantener el sistema público sin necesidad de incrementar las cotizaciones o reducir la tasa de sustitución.

El estudio asume que la introducción de reformas estructurales en el sistema de pensiones significa asumir que existen unos costes de transición y destaca que el incremento en las tasas de productividad y actividad, combinado con un entorno financiero positivo, disminuiría esos costes de transición y mejoraría los efectos macroeconómicos a largo plazo.

En opinión de Edad&Vida, “para diversificar el riesgo se hace preciso el desarrollo de los tres pilares de previsión social y cada uno de ellos debería verse como estabilizador de los otros dos en cada contexto económico”. “En todo caso”, manifiesta la Fundación, “cualquier reforma del sistema de pensiones en España debe contar con un amplio consenso político así como con el compromiso de los agentes sociales y la participación del sector financiero y asegurador”.


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