Al Parlamento Europeo (PE) le apremia el cambio demográfico: el viejo continente está envejeciendo a pasos acelerados, lo que requiere acción política en aras de asegurar el bienestar y, sobre todo, el acceso a los servicios de la población senior. El problema es que los europeos envejecen en menos tiempo que el que se tarda en crear y aprobar políticas para este segmento de edad. 

Con el objetivo de identificar buenas prácticas en las políticas de envejecimiento de los Estados miembro y buscar posibles soluciones comunes para la UE-27, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE solicitó a Case Research Foundation un informe sobre el acceso a los servicios destinados a las personas mayores en Europa. 

Una de las cuestiones principales que se abordan en el informe es el envejecimiento activo saludable y el aprendizaje a lo largo de la vida son conceptos clave en las políticas dirigidas a los mayores. Además, para que el primero se haga realidad, hace falta que la sanidad, los cuidados de larga duración y otros servicios que promuevan la vida independiente funcionen correctamente.

Por otro lado, el informe considera que las tecnologías son el elemento que creará un “nuevo entorno de envejecimiento”, así como nuevas oportunidades para la vejez activa y el acceso a servicios.

Antes de pasar a proponer en qué línea deben apuntar las políticas dirigidas a los mayores, el informe describe a la Europa de los mayores, que se caracteriza, sobre todo, por ser desigual.

Lo que sí es común para todos es que la pandemia ha tenido un impacto importante. Una de las consecuencias de esta ha tenido lugar en el empleo: se ha registrado una disminución de trabajadores activos de entre 55 y 64 años tanto en 2020 como en 2021, sin que ello supusiera una reducción en las tasas de empleo. Es decir, se empezó a prescindir de los trabajadores senior para contratar a más jóvenes.

Pero si por algo se ha caracterizado la pandemia ha sido por la implementación del teletrabajo, también entre los empleados con más experiencia: el 55% de ellos prefieren continuar trabajando desde casa varias veces a la semana.

En cuanto a digitalización, se han observado disparidades significativas. Por ejemplo, en Bulgaria solo el 5% de los mayores de entre 55 y 64 años manejan dispositivos electrónicos, mientras que en Irlanda el número asciende al 40%. Aquí tiene mucho que ver el acceso a internet, puesto que no está disponible de la misma manera en todos los países. En este punto, hay que tener en cuenta que la digitalización no solo tiene que ver con paliar la soledad y mitigar la exclusión social, sino también con el acceso a servicios básicos en un futuro próximo (como, por ejemplo, la banca).

En lo relativo a la salud, uno de los indicadores más importantes, la esperanza de vida, frenó su avance debido a la pandemia. Pandemia que, además, causó un fuerte deterioro de la salud mental de todos, pero especialmente entre los mayores de entre 50 y 64 años. Mientras tanto, los servicios sanitarios, prácticamente colapsados por la presencia y expansión del virus, no consiguieron proveer la atención que los mayores requerían. En países con poco gasto público en sanidad, los senior experimentaron dificultades para poder ir al médico.

Los cuidados de larga duración sufrieron reveses de distinto tipo según el modelo de cada país, que se parchearon a través de un aumento puntual de financiación para estos servicios, la reorganización de la prestación o el apoyo a los trabajadores del sector. Fuera de las residencias, aquellos mayores que vivían solos se convirtieron automáticamente en personas vulnerables, algo que también se trasladó a lo económico: más del 10% de los senior no pueden pagar por su propia casa, especialmente, las mujeres, que reciben pensiones más bajas.

Además, la accesibilidad continúa siendo un reto, tanto en las viviendas como en los espacios públicos.

Para poder hacer un buen juicio sobre el camino que deben tomar las políticas orientadas al envejecimiento, los autores del informe examinaron ocho países europeos –Austria, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Suecia–, de los que extrajeron los pasos que han ido dando en esta área en los últimos años.

Los ocho Estados han colocado al envejecimiento activo en un lugar privilegiado de sus agendas políticas, aunque están en distintos estadios. Por ejemplo, Austria, Polonia, Alemania y Suecia ya cuentan con estrategias o políticas específicas, mientras que en Italia todavía se está debatiendo la formulación de una ley única destinada a este fin. Hay que subrayar que estas políticas se llevaron adelante a través de un proceso participativo en el que se consultó no solo a las entidades interesadas, sino también a las personas mayores y jubiladas. A pesar de esta buena noticia, se ha detectado que las buenas prácticas en este sector no traspasan fronteras, lo que impide el desarrollo de la adaptación al modelo demográfico que está por venir.

Un movimiento bastante común entre los países a nivel político ha sido el de ofrecer incentivos económicos para reducir las jubilaciones anticipadas. Otros, además, introdujeron contratos flexibles para este grupo etario, que consisten básicamente en permitir la reducción de su jornada laboral sin que ello afecte al salario.

Entre otras actuaciones para retener el talento senior, se incluyeron estrategias para fomentar la cooperación intergeneracional y el intercambio de conocimiento, adaptar el lugar de trabajo a las necesidades de los trabajadores con más experiencia, la reorientación profesional a mitad de carrera y otros aspectos que entraban a modificar la conciliación de la vida personal y laboral.

Pese a todo, las pensiones siguen siendo una de las  grandes fuentes de problemas. Lejos de proponer una reforma de pensiones que sea sostenible, estos territorios han optado por ofrecer descuentos en actividades culturales, deportivas y de transporte público para mayores; eso sí, bajo el paraguas de una “superación de barreras financieras en la participación social”. Dentro de esa participación social, el informe acoge a los centros de día, pues son igual de corrientes en los países estudiados que en España.

Quizá uno de los apartados más complejos sea el relacionado con la atención médica y los cuidados. Para la primera, la solución ha pasado por la telemedicina, que se está considerando toda una ‘panacea’ en áreas rurales, especialmente con la introducción de equipos de atención móviles, pero con un añadido: se están ofreciendo incentivos para que los recién graduados en estudios sanitarios trabajen en regiones con mayor despoblación.

La telemedicina no vino a imponerse sola. Una buena práctica señalada son los proyectos de digitalización, dirigidos al uso de la salud electrónica en el hogar, pero que no se centran exclusivamente en eso. En este sentido, algunos Estados miembro están ofreciendo programas especiales de apoyo financiero para la adaptación de viviendas, de modo que se dé la oportunidad a los mayores de vivir de forma independiente durante el mayor tiempo posible. Para ello, durante los periodos de confinamiento, algunos países implementaron líneas telefónicas de apoyo para personas mayores, que resultaron ser de gran ayuda.

Un punto curioso del informe es la creación –para nada nueva, pues ya existen otras propuestas similares– del Índice de Envejecimiento Saludable (AAI, por sus siglas en inglés), una herramienta que ayuda a monitorizar el progreso de cada país en lo relativo al envejecimiento activo y saludable, como su propio nombre indica. Sin embargo, reconocen que “hace falta trabajar más sobre su aplicación en los procesos de creación de políticas al nivel subnacional”.

El AAI contempla cuatro campos: empleo, participación en sociedad, vida independiente, saludable y segura y habilitación de un entorno para el envejecimiento activo. En el informe, este indicador se lleva a los países estudiados, con valores más altos encontrados en los países nórdicos y los más bajos, en Europa del Este y el sur. Según los autores del informe, “hasta donde podemos ver, estos números se correlacionan con los gastos en salud y los grupos de países que representan distintos regímenes de bienestar”.

En total, el informe señala diez retos a resolver, mayormente –si bien proponen una solución individualizada para cada problema planteado– mediante políticas: aumentar el peso de las políticas de envejecimiento activo y saludable en cada país; ejecutar un enfoque de la vejez activa basado en los derechos; mejorar el seguimiento de los avances hacia una vejez activa; concienciar sobre los beneficios del envejecimiento activo a nivel individual, social y económico; reducir la frecuente jubilación anticipada y estimular el empleo de trabajadores senior; analizar el impacto real de la Covid-19 en la participación de los mayores en el mercado laboral; una transición a la jubilación flexible desde la conciliación familiar; mejorar las condiciones económicas de las mujeres mayores; incentivar el aprendizaje y acabar con la exclusión digital.