España es un país que envejece. Todas las estadísticas y proyecciones así lo indican, sin embargo el término ‘envejecimiento de la población’ no es el más adecuado, según los expertos. En primer lugar, las sociedades no envejecen, desde un punto de vista biológico esto no es posible puesto que no son organismos vivos; y, en segundo lugar, aunque la esperanza de vida aumenta, también lo hace el buen estado físico y mental de los individuos; por lo tanto, más que envejecer, la población de esta sociedad y la futura está “rejuveneciendo”, tal y como apunta el demógrafo y sociólogo, Julio Pérez Díaz.

Aún así, es un término muy utilizado para denominar el fenómeno demográfico que estamos viviendo en las últimas décadas, en el que los individuos cada vez vivimos más años. Un gran logro social, sin duda, pero que plantea una serie de necesidades y reformas políticas que de momento no se están abordando. 

Elisa Chuliá, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora de la Uned, señala que “ante el cambio en la composición de la población al que habitualmente nos referimos como ‘envejecimiento’, no estamos reaccionando con suficiente agilidad. El funcionamiento del sistema de protección social y del mercado de trabajo deberían haber mostrado mayor capacidad de adaptación a esta evolución demográfica”.

Según las cifras de población publicadas a finales del mes de enero de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media de la población en España ha superado por primera vez los 44 años, lo que supone 14 años más que hace casi medio siglo. Y la esperanza de vida se sitúa actualmente en 86 años para las mujeres y 82 años para los hombres.

Chuliá explica que España se halla en el grupo de países del mundo con valores ma?s altos en su esperanza de vida. Es más, “según proyecciones publicadas por el Foro Económico Mundial, en apenas dos décadas podría superar a Japón en este aspecto, convirtiéndose en el líder mundial”, afirma. 

El aumento de la esperanza de vida –o si se prefiere, la creciente longevidad– es un logro del conjunto de la sociedad y del Estado. Es un logro de la sociedad porque “las familias y los individuos han adoptado hábitos y estilos de vida más saludables y responsables, mientras que una variedad de organizaciones e instituciones sociales han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población. Y lo es del Estado, porque ha puesto en marcha medidas de salud pública y prestaciones sanitarias que cubren las demandas de salud y cuidados de la sociedad”, señala Chuliá.

Hace poco más de cuatro décadas, en la segunda mitad de los años 70, el baby boom tocaba a su fin y el número anual de nacimientos iniciaba un descenso muy acusado, arrastrado por una fecundidad menguante y cada vez más tardía en edad. Estos dos factores combinados han derivado en una pirámide de población que como dice Elisa Chuliá “ya ha dejado de ser una pirámide, como consecuencia de que las tasas de natalidad son mucho más bajas que hace unas décadas, y no parece que haya indicios de que esto vaya a cambiar a corto o medio plazo”.

Realmente, ningún país de la Unión Europea alcanza el índice de fecundidad de 2,1 hijos por mujer que garantiza el reemplazo generacional y la estabilidad de la población. Pero el caso de España es más preocupante, ya que ha pasado de ser una de las sociedades europeas con mayor nivel, a ser el país con el segundo índice más bajo, solo por detrás de Malta. Mientras que en 1975 las mujeres españolas tenían de media 2,8 hijos, en 2017 ha descendido hasta 1,3.

Este descenso es importante hasta el punto que el fenómeno demográfico actual está motivado principalmente por los efectos diferidos de esa revolución reproductiva sin precedentes, puesto que, como apunta Julio Pérez Díaz: “La vejez crecía desde finales del siglo XIX y el baby boom no la detuvo”.

Los efectos se reflejarán sobre todo en la economía –porque se modifican los patrones de consumo y de ahorro–, en el mercado laboral y, posiblemente, en el ritmo de avance de la productividad. Además, se plantea un gran un reto para la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social.

En este sentido, Elisa Chuliá explica que tal y como está plantado nuestro sistema de bienestar, cuando la población envejece el Estado ha de proporcionar más recursos a través de prestaciones como las pensiones, y de servicios, como la sanidad o los cuidados a personas dependientes. En el pasado, las familias se encargaban de una parte de esas funciones de protección de los mayores. Todo esto puede plantear problemas de sostenibilidad financiera del sistema de protección social. La creciente presión financiera sobre el sistema de la Seguridad Social es evidente. Desde 2011 las cotizaciones sociales no bastan para pagar las pensiones contributivas, por lo que han de allegarse otros recursos públicos. Esta presión se agravará a medida que entren los baby boomers en el sistema, es decir, los que nacieron entre finales de los años 50 hasta mediados los años 70. 

Antonio Izquierdo Escribano: "No creo que haya cambio si no se modifica la estructura productiva y el mundo de los valores".

A pesar del panorama inquietante, no todo está perdido. Elisa Chuliá es optimista en este sentido: “Estamos ante una gran oportunidad porque vivimos más años y podemos disfrutar de más tiempo, y el tiempo es la materia específica de la vida, es el recurso vital por excelencia. Sin duda, el aumento de la esperanza de vida es algo positivo”. Aunque puntualiza que también es un gran reto, porque conlleva  una serie de necesidades que van surgiendo y a las que hay que dar respuesta. 

En este sentido, considera que “el primer paso es ser consciente del cambio demográfico que estamos viviendo, algo que inexplicablemente no tenemos en la cabeza cuando tomamos muchas decisiones relativas a nuestras vidas”. Elisa Chuliá entiende que hay que analizar esa evolución demográfica e intentar adaptarse a ella para que no sufran unas generaciones con respecto a otras; es decir, hay que distribuir los recursos asignados de forma proporcionada entre los distintos grupos de edad. “El Estado tiene que asignar recursos de bienestar, de tal manera que todas las generaciones se beneficien de ese reparto”, añade. 

Sin embargo, lo que sí tiene claro esta experta es que debemos actuar ya, porque cuanto más tiempo pase, más inmanejables serán las consecuencias. “Los estados y las sociedades han reaccionado muy pobremente a la evolución de la población y creo que en España también tenemos un déficit en este sentido. El aumento de la esperanza de vida es un gran logro, pero hay que adaptarse a los cambios económicos y sociales que trae consigo este hecho”.

En definitiva, los demógrafos coinciden en que si las sociedades sabemos responder adecuadamente a esa revolución demográfica, no hay motivo para preocuparse. Pero la pregunta inevitable es ¿aplicaremos soluciones efectivas a corto-medio plazo?

Francesc Boya: "Esa humanización de la sociedad nos lleva a reconectar con la naturaleza, con los espacios rurales y con las formas de vida que aún albergan nuestros pueblos".

LAS ADMINISTRACIONES COMIENZAN A MOVILIZARSE

El Gobierno de España tiene previsto aprobar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, en la que se plantea entre otras acciones, la canalización ordenada de los flujos migratorios y la integración de inmigrantes y refugiados, además de una serie de directrices dirigidas a la conectividad territorial y al impulso a las zonas más despobladas, garantizando su desarrollo. Sin embargo, esta estrategia se hace esperar y aún no ha visto la luz. 

Mientras tanto, Galicia se adelantó y acaba de aprobar la Ley de Impulso Demográfico, pionera en España. Esta norma incluye medidas de apoyo a las familias y a la juventud, conciliación e iniciativas para atraer a retornados e inmigrantes y para lograr el equilibrio territorial. 

En materia de envejecimiento, la ley contempla aprobar una estrategia de prevención y abordaje integral de la soledad no deseada. Además, se impulsará el cuarto ciclo universitario para mayores y programas como el voluntariado senior.