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Las tarifas residenciales para 708 mayores con gran dependencia se reducirán en 825 euros anuales

Redacción EM 13-06-2019

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La Anadp del Departamento de Derechos Sociales ha iniciado el trámite para la modificación de las tarifas públicas del servicio residencial. De esta forma, las personas con un reconocimiento de gran dependencia verán reducida su tarifa, igualándola a la que paga una persona con dependencia severa. Esto supone para personas residentes en centros de mayores, una reducción de 825 euros al año; para las atendidas en centros de discapacidad física, de 599,76 euros al año; y para aquellas alojadas en centros de discapacidad intelectual y enfermedad mental, de 523,68 euros al año. La medida va a afectar a un total de 906 personas, de las cuales 708 son mayores, y supone una inversión de 357.087,90 euros anuales.

Con la entrada en vigor del programa ResideN (sistema de concertación de plazas residenciales para personas mayores), en el año 2013 se unificó el precio que la Administración pagaba a las residencias, tanto para las personas con grado de dependencia severo, como para las personas con gran dependencia. Por otro lado, la tarifa pública a aportar por las personas beneficiarias era superior para las personas con gran dependencia. Este hecho generaba que aquellas personas que recibían una prestación vinculada al servicio para el acceso a una plaza privada, al pasar de grado severo a gran dependiente, vieran la prestación que recibían minorada en la misma cuantía que el incremento de la tarifa pública. Del mismo modo, las personas ingresadas en una plaza concertada, tenían que pagar más si aumentaba su grado de dependencia.

Este servicio (plaza residencial) está garantizado para las personas con grado de dependencia severo y gran dependencia por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El Departamento de Derechos Sociales, tras la aprobación de la modificación del acuerdo de tarifas, va a proceder a unificar los precios aplicados a los grados II y III (dependencia severa y gran dependencia), con el fin de desligar la aportación económica del grado de dependencia.

De este modo, las personas que reciben una prestación vinculada al servicio por ocupar una plaza privada, no verán disminuida la cuantía cuando aumente su nivel de dependencia (cuando pasen de dependencia de grado severo al grado de gran dependiente), dando así respuesta a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que se ha hecho firme el pasado mes de mayo. Además, esta medida beneficiará también a las personas que ocupan una plaza concertada, ya que a partir de ahora tampoco pagarán más cuando pasen de un grado II a un grado III.


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