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Investigadores de la ULPGC analizan los usuarios con mayores dificultades en el copago farmacéutico

Redacción EM 15-01-2020

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Los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Santiago Rodríguez Feijoó y Alejandro Rodríguez Caro, del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión, publican un trabajo de investigación titulado ‘El copago farmacéutico en España tras la reforma del año 2012 desde la perspectiva del usuario. ¿Evidencias de inequidad?’.

En este trabajo, los investigadores se plantean como objetivo identificar cuáles son las características que se asocian con aquella parte de la población que manifiesta no poder comprar todos los medicamentos recetados por un médico de la sanidad pública, relacionándolas con los criterios que definen el sistema de copago farmacéutico fijado por el Real Decreto 16/2012, con la finalidad de orientar cambios que eliminen posibles inequidades.

De análisis de los datos, los colectivos con mayores dificultades para la compra de medicamentos con copago son los activos con rentas del hogar inferiores a 900 euros mensuales y los jubilados con rentas inferiores a 600 euros, y adicionalmente existen diferencias por razón de la situación laboral. En algunos de los estratos más perjudicados, el porcentaje de personas que no pueden comprar los medicamentos que necesitan puede llegar al 20%, frente a un 5% de la población en su conjunto. Estas cifras por sí solas hacen recomendable adoptar medidas encaminadas a facilitar el acceso a los medicamentos para todos los usuarios, primado el criterio de renta frente al de situación laboral.

Los investigadores analizaron los datos suministrados por el Barómetro Sanitario en los años 2013-2017, ya que en él se pregunta si se ha dejado de tomar algún medicamento recetado en la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Todos los análisis muestran una fuerte asociación entre las personas que manifiestan no poder comprar los medicamentos y aquellas que simultáneamente tienen rentas inferiores a 600 euros y están en situación de paro. A mayor renta hay menos probabilidad de tener dificultades para comprar los medicamentos, pero también que, a igualdad en el nivel de renta, los pensionistas perciben una menor dificultad para la adquisición de medicamentos con respecto a cualquier otra situación laboral, a pesar de que son personas que tienen más probabilidad de necesitarlos.

El citado Real Decreto fija un copago totalmente distinto para los activos y para los no activos, mucho más bajo para estos últimos y con límites de copago mensuales; mientras que el criterio de renta trata como iguales, dentro de cada situación laboral, a todos aquellos cuya renta está por debajo de 18.000 euros/año. Por otra parte, el análisis llevado a cabo muestra que los jubilados, a pesar de tener peor salud y mayores necesidades, a igual renta presentan menos dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan, en especial cuando se comparan con los parados. La consecuencia es que los activos de menor renta presentan mayores dificultades para adquirir los medicamentos, lo que puede asociarse al mayor nivel de copago que deben afrontar.

Los resultados indican que a las personas cuyas rentas están por debajo de los 300 euros mensuales se les debería facilitar el acceso a los medicamentos. Según los datos de la muestra, este estrato no llega al 2%, siendo los parados los más numerosos, por lo cual la eliminación del copago farmacéutico para este colectivo tendría apenas efecto sobre el importe total recaudado.

Un segundo grupo de personas corresponde a los hogares con una renta entre 300 y 600 euros. La percepción de los activos en este estrato de renta es claramente peor que la de los jubilados, por lo cual parece razonable, además de no aplicar el criterio de situación laboral, reducir su aportación. Los cambios en este grupo afectarían como máximo al 8,6% de la muestra.

A partir de una renta de 900 euros mensuales, las probabilidades de no poder comprar los medicamentos se reducen sensiblemente, siempre presentando los jubilados el porcentaje más bajo y los parados el más alto.

Los investigadores abogan por realizar más investigación que tenga en cuenta la opinión de los usuarios. 



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