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Las Illes Balears, por debajo de la media española en gestión de la dependencia

Las resoluciones de los tres plazos se resuelven mucho antes en las islas que en otras zonas de España. Santiago confía en que el nuevo Gobierno restablezca el Nivel Acordado

Redacción EM 27-12-2019

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La Conselleria de Afers Socials i Esports cumple los plazos de la Ley de Dependencia estatal y de gestión autonómica y, además, certifica que está por debajo de la media española. Son las conclusiones a las que se llega al conocer las estadísticas más recientes publicadas por el Imserso.

Esta normativa estatal establece que hay tres plazos resolutivos en el proceso para determinar si una persona es dependiente o no. En la primera fase, que va desde la solicitud hasta la resolución de valoración; el plazo legal es de 90 días. La media de las Illes Balears se sitúa en los 70 días. La segunda fase, que es la resolución del PIA (Programa Individual de Atención), es de 90 días; cuando la media isleña es de 60 días. Y por último, la tercera fase, que determina la prestación final que recibirá el dependiente, es de 780 días; mientras que en las islas se resuelve en menos de la mitad del plazo legal, concretamente en 300 días.

Esto demuestra que, con los datos que se han hecho públicos, las Illes Balears están por debajo de la media estatal. Además, si se tiene en cuenta que en el año 2015 la comunidad era antepenúltima en el cumplimiento de los plazos, se obtiene la confirmación del buen trabajo de los últimos cuatro años.

La consellera, Fina Santiago, confía que en breve haya un gobierno progresista en el Estado para que las comunidades puedan volver a recibir lo que se denomina como Nivel Acordado, que permita financiar toda la estructura de dependencia. Desde que nació este nuevo derecho hasta el 2012, los Gobiernos autonómicos recibían esta partida del ejecutivo central, pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo retiró. Ahora, las comunidades autónomas asumen el 100% del coste de esta estructura.

Santiago insiste que tiene que llegar esta partida de Nivel Acordado y se debe revisar la financiación que se hace de las prestaciones. Por ejemplo, una plaza de dependiente en una residencia tiene un coste de 2.000 euros, el copago es de 500 euros y el promedio que financia el Estado en estos momentos es tan sólo de 193 euros.


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