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El Homrani presenta los presupuestos en el Parlament sin el visto bueno del sector social

La propuesta del Departament es de aumentar la partida a la dependencia en 90 millones, cuando la patronal y los sindicatos indican que, para proveer una atención digna, deben ser al menos 300 millones

A. Lemos 05-02-2020

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El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha presentado en el Parlament de Catalunya el presupuesto de 2020 para su Departament, que asciende a 3.448,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 542,42 millones de euros con respecto a 2017, es decir, un 18,7% más. Para El Homrani, con esta cifra, se han “superado los recortes y tenemos el presupuesto más alto de este Departament para acompañar a las personas más vulnerables”.

El conseller ha explicado que las actuaciones previstas por el Departament siguen diez objetivos principales: impulsar políticas que mejoren la empleabilidad de las personas, fomentar una sociedad cohesionada, promover políticas preventivas y de inclusión social, promover la autonomía personal y las políticas de envejecimiento de kilómetro cero, garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, impulsar un país de acogida, de inclusión y de interacción intercultural, fortalecer el modelo catalán de asociacionismo y voluntariado, fomentar políticas para la igualdad efectiva, promover la planificación y la evaluación estratégicas y generar oportunidades para los jóvenes.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y LA AUTONOMÍA PERSONAL
Para el Departament, es de destacar la partida presupuestaria destinada a financiar las políticas de atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal, que asciende a 1.594,21 millones de euros, un 8,2% más que en 2017. Se trata de la inversión más alta realizada en la historia en este ámbito, y es sufragada casi por completo por la Generalitat –que recuerda que el Estado debería cofinanciar al 50% de acuerdo con la Ley de Dependencia–.

"Nunca en un presupuesto ha habido una inversión tan elevada y una apuesta tan grande por el sector de dependencia. El envejecimiento es el mayor reto que tenemos como sociedad, pero para avanzar necesitamos honestidad. El sistema no se sostendrá si se continúa incumpliendo la base de financiación de 50% Estado-50% Generalitat que recoge la Ley de Dependencia. Recordemos que los 1.500 millones de euros destinados a dependencia el año pasado, el Estado sólo aportó 172", reiteró el conseller.

La partida incluye un incremento de 34,5 millones de euros para los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) a la dependencia destinados a la financiación del Contacte Programa con las entidades municipales; y también una dotación inicial para la progresiva mejora de tarifas de las residencias: 15 millones de euros en 2020 y un total de 90 millones de euros en cuatro años, en el marco de un proceso negociador con el sector. Esta actualización de tarifas deberá revertir necesariamente en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, y se suman a las mejoras ya llevadas a cabo a lo largo del año 2019.

SIN CONVENCER AL SECTOR SOCIAL
Los agentes sociales y económicos del sector han vuelto a poner de manifiesto, esta mañana, que esta propuesta no les satisface: “Ya basta. Necesitamos unos presupuestos dignos para nuestros mayores”, afirman en un comunicado.

Y es que el aumento de 15 millones de euros anuales para la atención a la dependencia siguen siendo “absolutamente insuficientes” para atender a la demanda actual y futura, por lo que sindicatos y patronales se niegan a ser “cómplices de un presupuesto que no sitúa la atención a los mayores como una prioridad de país”. Aunque reconocen estar evitando fijar una cifra concreta, se reiteran en la adherencia  a la hoja de ruta, que valora un aumento de 300 millones plurianuales con respecto a 2017 que permitiría ajustarse a las necesidades de la sociedad a la hora de garantizar la calidad y la equidad en la atención a los senior, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la sostenibilidad de las empresas y las entidades.

Asimismo, los agentes sociales reclaman que no puede haber “ciudadanos de primera y segunda”, y que la falta de financiación de los servicios con concertación pública está discriminando a las personas mayores, ya que con las tarifas actuales “es muy difícil mantener la calidad del servicio y ofrecer una remuneración justa y adecuada a los trabajadores”.


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