Respuesta.- Tenemos una población cada día más mayor porque la esperanza de vida ha ido aumentando y hoy llega a los 83,2 años de media. Este es un grupo de población al que la crisis ha afectado de forma específica porque ha pasado de ser un colectivo con ingresos reducidos respecto a la población general, a ser considerado un grupo privilegiado porque sus pensiones son seguras. No han aumentado, pero tampoco han disminuido en términos absolutos y, ante la reducción general de los salarios y el gran número de personas en paro, los pensionistas mantienen cierta estabilidad económica.

Sin embargo, los datos matizan esta afirmación, ya que los mayores quizás sean menos pobres, pero son más vulnerables. En realidad han ido perdiendo poder adquisitivo porque las pensiones solo han aumentado un 0,25% al año, porcentaje inferior al incremento del coste de la vida. Por otro lado, debido al alto nivel de paro, en muchas familias el único ingreso que ha entrado es la pensión de los abuelos y con esa cantidad han vivido sin poder cubrir las mínimas necesidades para una vida digna. Esto ha hecho que los senior sufran privaciones materiales severas, ya que las pensiones actuales no pueden resolver las necesidades de toda una familia. 

R.- La razón es que ese es un valor relativo que mide el porcentaje de personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la media de todos los hogares del país. Esto significa que, en el momento en que un gran número de familias españolas reducen sus ingresos a causa de la crisis, la media baja y la distancia entre esa media y los que menos tienen se reduce. El empobrecimiento general hace que haya que ser más pobre para seguir siendo considerado pobre oficialmente. Los pensionistas, al mantener el nivel de ingresos, aparecen estadísticamente favorecidos frente al conjunto de la población que pierde poder adquisitivo.

Sin embargo, existe un instrumento para medir la pobreza y el riesgo de exclusión, la tasa Arope (At Risc Of Poverty or Exclusion), que proporciona una información más cualitativa que la puramente económica del nivel de renta. Este permite entender situaciones de escasez o privación y da una visión global que explica el verdadero alcance de la pobreza. Las personas pobres sufren privaciones como no poder pagar el alquiler, calentar el hogar, comer carne o pescado cada dos días o hacer frente a un gasto imprevisto.

R.- El 47,3% de los senior catalanes sufre algún tipo de privación material o dificultad para hacer frente a los gastos cotidianos: alimentación, calefacción, alquiler o hipoteca. De ese porcentaje, un 19,2% sufre dos privaciones materiales, entre las cuales destaca la dificultad para mantener la casa a una temperatura adecuada (6,1%) y hacer frente a gastos imprevistos (34,1%).

R.- Existen varias razones. En primer lugar, en los últimos cuatro años, las pensiones han subido tan solo un 0,25% anual, el mínimo obligatorio por ley. En segundo lugar, hay muchas personas con pensiones bajas que no les permiten cubrir sus necesidades: casi el 40% de las pensiones de jubilación tienen un importe inferior al salario mínimo interprofesional, y un 60% no llegan a los mil euros mensuales. 

En tercer lugar, la gravedad se acentúa en las mujeres, porque las pensiones discriminan por género. Las de las mujeres mayores de 65 años son un 44% inferiores a las de los hombres y las de viudedad, cuyo importe es muy bajo, similar a la pensión mínima de pensionista, corresponden en un 92% a mujeres. 

En cuarto lugar, las personas que han cotizado como autónomas tienen una pensión inferior a la del nivel más bajo por jubilación; y, en quinto, nos encontramos con personas que, por falta de cotización debido a una carrera profesional corta o interrumpida, no tienen derecho a percibir una pensión contributiva y reciben una no contributiva de 367,90 euros al mes, a todas luces insuficiente.

Para terminar, en estos momentos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está casi agotado y se prevé que en un año no se pueda contar con él, lo cual genera un gran interrogante sobre cómo se resolverá la situación. 

R.- Aparte de la discriminación por razón de género en las pensiones y los bajos ingresos de las viudas, quisiera destacar los motivos por los cuales la cotización de las mujeres es más baja. Muchas han tenido una vida laboral corta porque han abandonado el mercado laboral para cuidar a su familia, otras han trabajo jornadas parciales, han sufrido la brecha salarial que hace que cobremos menos que los hombres y/o han trabajado en ocupaciones de baja cualificación profesional o dentro de la economía informal. El resultado es que no han cotizado lo suficiente y no tienen derecho a recibir una pensión contributiva cuando se jubilan, o bien les queda una pensión muy reducida que no permite cubrir sus necesidades básicas.

La realidad nos muestra que la pobreza tiene rostro de mujer, de modo que cuando analizamos las personas beneficiarias de las prestaciones sociales o las que acuden a los servicios sociales, destaca una mayoría femenina. En el caso de las pensiones, las más bajas corresponden a las mujeres, lo cual evidencia que somos víctimas de un modelo social que discrimina por razón de género.

R.- A pesar de que las pensiones han cumplido su función de protección y redistribución, hay que revisar el sistema actual. Hay que aceptar que si las cotizaciones no nos permiten garantizar las pensiones, se debería pensar en un modelo mixto: una parte por la vía de las cotizaciones y otra a cargo de los presupuestos del Estado. Por otro lado, habría que revisar las cuantías a fin de asegurar unos ingresos mínimos para que se pueda vivir dignamente. Hoy con 350 euros no se pueden cubrir las necesidades básicas y los incrementos anuales del 0,25% no permiten hacer frente al aumento del coste de la vida.

En definitiva, es del todo necesario que se mantenga un sistema de pensiones seguro que garantice a la ciudadanía los ingresos mínimos que todo Estado de Bienestar debe asegurar.