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COVID-19

Upimir denuncia la falta de claridad en la desescalada de las residencias

Redacción EM 01-06-2020

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La Unió de Petites i Mitjanes Residencies (Upimir) señala que el proceso de desescalada anunciado por la Generalitat genera “momentos confusos”.

Concretamente, se refieren a que sigue estando vigente la resolución que regula la suspensión de los nuevos ingresos y la suspensión de visitas, en la que se detalla que  “la vigencia de estas medidas se inicia el 13 de Marzo de 2020 y tienen una vigencia mínima de 15 días, y son susceptibles de revisión en coherencia con la situación epidemiológica de cada momento”. “Durante el mes de mayo, Catsalut elabora unas recomendaciones para la aceptación de ingresos en centros residenciales y una guía para elaboración de planes de contingencia en los centros para hacer frente al virus. En todos los casuales, se vincula sus recomendaciones a las fases de desescalada y color de los centros según datos epidemiológicos”, explican desde Upimir.

“La realidad es que, a día de hoy, entendemos, y así se nos manifiestan desde nuestro departamento jurídico, que la resolución sigue vigente y tiene un carácter legal absoluto, y si no se cumple, podría derivar en acciones por parte de fiscalía y otros organismos de inspección”, indica la entidad.

A esto han añadido que “la realidad de los centros es dramática”, pues “existen centros verdes (libres de infección) con plazas privadas vacías que nadie puede ocupar, pese a tener incluso prerreservas de las mismas, por tal lapsus legal y que conduce a tensiones de tesorería durísimas”. Asimismo, las plazas con financiación pública y vacantes antes del 13 de marzo no son “compensadas económicamente al centro por parte de la administración, y tampoco pueden ser ocupadas. Es un sinsentido”, insisten desde Upimir. 

“Con el mismo criterio, ¿quién se atreverá a iniciar en fase II las visitas de familiares por recomendación cuando en el DOGC indica otra legalidad al respecto? Si hay un contagio ¿que dirá fiscalía y otros entes inspectores? Realmente, ¿merecen las familias y usuarios estar en esta tesitura de duda reglamentaria?”, concluye la entidad.


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