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La situación de la dependencia en Catalunya detona la creación de la Plataforma en Defensa del Derecho a la Atención a las Personas con Dependencia

Redacción EM 15-05-2019

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Los profesionales del ámbito social y sindicatos han alertado sobre la situación de emergencia que vive el sector de la dependencia. Los sindicatos CC OO y UGT y los Colegios Profesionales de Trabajo Social (TSCAT) y de Educadoras y Educadores Sociales (CEESC) de Catalunya han presentado en Barcelona la Plataforma en Defensa del Derecho a la Atención a las Personas con Dependencia para reclamar que se cumpla la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, "gravemente infradotada desde los recortes de 2012". El incumplimiento de la ley impide garantizar los derechos tanto de las personas usuarias y sus familias, como los trabajadores y trabajadoras del sector.

El Manifiesto fundacional, al que ya se han adherido una decena de organizaciones, recoge que "Catalunya es la segunda comunidad autónoma, tras Canarias, en volumen de personas en lista de espera y solicitudes pendientes de valoración", con unas 84.000 personas afectadas. La falta de recursos humanos y materiales pone en riesgo la calidad de la atención y provoca una sobrecarga de los profesionales y de las familias que recae principalmente en las mujeres, ya que se trata de un sector altamente feminizado, y en el ámbito doméstico, son también las que asumen en mayor medida los cuidados. A pesar de que la Ley pretendía profesionalizar la atención a la dependencia, la realidad hoy es que "las residencias atienden el 17% de las personas usuarias –que representa un 50% del coste de la dependencia–, y las familias se hacen cargo del 41%, que supone un 18% del gasto público", según ha detallado Mercè Civit, portavoz del TSCAT.

"Cada día mueren seis catalanes en espera de residencia, la mayoría, mayores de 80 años, y las familias no pueden cubrir el coste de los centros privados", afirmó Ghassan Saliba, en nombre de CCOO Catalunya. La Plataforma pide "crear plazas públicas para poner fin a la lista de espera, priorizar la prestación de servicios públicos de calidad en detrimento de las prestaciones económicas vinculadas para personas cuidadoras o profesionales e incrementar la gestión pública de las residencias". Además, reclama una actualización de la cartera de servicios sociales que permita "mejorar las ratios asistenciales para hacer más precisa y humana la tarea de cuidado"; anular el acuerdo de flexibilización de las mismas y "lograr el incremento retributivo de los profesionales para eliminar las desigualdades salariales que existen en el sector y mejorar sus condiciones laborales.

Enriqueta Duran, representante de UGT Catalunya, lamentó la opacidad con los datos por parte de la Generalitat y la falta de interlocución con el Gobierno: "Hemos intentado sentarnos con el departamento de Asuntos Sociales y Familia, y desconvocan [las reuniones] sistemáticamente. No hay diálogo social". El Manifiesto reivindica "activar las mesas técnicas entre el departamento, las patronales y los agentes sindicales para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector con la promoción de un marco laboral en el ámbito de Cataluña" y "crear un consejo general de la dependencia de Catalunya con representación real de todos los actores del sector".

Los impulsores de la Plataforma recuerdan que "es urgente que el Gobierno de Catalunya dé prioridad efectiva a los servicios sociales" y cumpla la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia y la Ley de servicios sociales, ya que el envejecimiento de la población nos lleva hacia un escenario en el que el sector tendrá cada vez más peso. Miquel Rubio, portavoz del CEESC, advirtió que "la situación empeorará, el número de personas con dependencia se duplicará en los próximos años", y ha reivindicado una mayor participación de todos los actores implicados: "La Generalitat no puede hacer políticas mediante decretos sin escuchar los afectados".


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