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La oferta de residencias públicas en Barcelona es insuficiente

El primer informe sobre el mapa de centros en la ciudad cifra el déficit de inversión de la Generalitat en 2.780 plazas públicas y un sobrecoste estimado para el Ajuntament de 18 millones de euros.

Redaccion EM 10-07-2018

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Actualmente, Barcelona dispone de 13.051 plazas de residencia. Un 42 % del total (5.507 plazas) forman parte de la red pública, ya sean propias, concertadas o colaboradoras; un 46 % (5.982 plazas) están ubicadas en centros privados pero disponen de una prestación económica vinculada, y el 12 % restante (1.562 plazas) son privadas.

En abril de este año, había un total de 11.273 solicitudes para entrar a una residencia, realizadas por 8.063 personas que están en lista de espera. Una misma persona puede realizar hasta tres solicitudes de ingreso en centros diferentes, y mientras está a la espera de una plaza en un centro determinado puede estar ingresada en otro.

De estas 8.063 personas, 3.945 barceloneses y barcelonesas esperan la plaza en un domicilio particular y, por lo tanto, pueden estar recibiendo atención municipal a través del Servicio de Ayuda al Domicilio (SAD), el Servicio de Atención de Urgencias en la Vejez (SAUV) o un equipamiento sociosanitario, entre otros.

Esta situación tiene un sobrecoste estimado para el Ayuntamiento de 18 millones de euros anuales, de los cuales 11 millones de euros son para atender a través del SAD a las personas que tendrían que estar ingresadas, y los otros 7 millones de euros son para acoger temporalmente a personas mayores que se encuentran en una situación de urgencia social a través del programa Sauv.

NECESIDAD SOCIAL
El objetivo del informe es hacer una radiografía rigurosa de la situación para poder afrontar el envejecimiento actual y futuro de la sociedad, aparte de clarificar competencias entre administraciones e incrementar la colaboración en el marco del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (integrado un 60 % por la Generalitat y un 40 % por el Ayuntamiento) para abordar la falta de recursos y mejorar la calidad del servicio.

La competencia en la creación, gestión y financiación de plazas de acogimiento residencial es de la Generalitat; el Ayuntamiento es competente para programar, prestar y gestionar servicios sociales especializados. Así pues, la Generalitat es la que tiene que promover la financiación de los equipamientos y su construcción, mientras que los municipios tienen que facilitar el suelo. El convenio firmado en el año 2005 entre las dos administraciones contemplaba la construcción de diez residencias de atención a las personas mayores, de las cuales solo se han construido cuatro.

El Ajuntament hará llegar al Govern catalán propuestas de mejora sobre la gestión del modelo residencial, entre las cuales destacan la construcción de una mesa bilateral entre ambas administraciones, un plan de choque inmediato para hacer frente a las listas de espera y la actualización del convenio de equipamientos para incrementar el número de plazas públicas.


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