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La consejera Isabel Blanco anuncia la puesta en marcha de una Ley de Atención Residencial

La responsable de Familia e Igualdad de Oportunidades compareció ante las Cortes para exponer las 100 medidas que determinarán su programa de Gobierno

Redacción EM 09-09-2019

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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, compareció recientemente en las Cortes para exponer los principales objetivos de legislatura en los que va a trabajar su departamento –un total de 100 medidas–, y reiteró su compromiso con las familias y el modelo de atención basada en la persona como eje central del sistema de Servicios Sociales de Castilla y León. Entre ellos destaca la aprobación de una Ley del Tercer Sector como órgano de participación y coordinación en materia de política social y reconocimiento a la labor que realizan los profesionales, y la ampliación y mejora del Acuerdo Marco, con una duración de cuatro años para garantizar la estabilidad y calidad de los servicios en toda la Comunidad.

FAMILIAS Y CONCILIACIÓN

La protección y apoyo a las familias, junto a la conciliación y la corresponsabilidad, serán una prioridad durante los próximos cuatro años, especialmente, para el mundo rural. Por este motivo, la Junta va a aprobar un Plan de Apoyo a las Familias que incluirá acciones relacionadas con la maternidad y paternidad, y también destinadas a los cuidadores de personas dependientes.

“Las personas mayores nos lo han dado todo y todo se lo merecen”, afirmó la consejera durante su declaración de intenciones. Por ello, la Junta de Castilla y León va a destinar, al menos, 400 millones de euros al año para potenciar las políticas de atención a este colectivo. Se ampliará el Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León ‘Club de los 60’, creando una plataforma online para asesorar e informar a nuestros mayores, y se pondrá en marcha la Universidad de la Experiencia Rural.

Uno de los objetivos es combatir la soledad, “especialmente en los núcleos urbanos”, y para ello, se va a desarrollar una “red social” que permitirá detectar estos casos y trabajar en ellos. Del mismo modo, se ampliarán los casos de gratuidad y reducción del copago en la teleasistencia, especialmente, a las rentas más bajas y a las personas que más lo necesitan.

Además, se aprobará en esta legislatura una Ley de Atención Residencial, que incorporará el modelo de atención personalizado ‘En mi casa’ y que regulará, también, la eliminación de sujeciones mecánicas y químicas en los centros de mayores y de personas con discapacidad. Asimismo, se transformarán al menos 200 plazas de válidos en plazas para personas dependientes en las residencias de Castilla y León.

“A nuestros mayores les debemos mucho”, dijo Isabel Blanco. “Nos han cuidado, nos han educado, nos han enseñado. Y aún hoy, en la medida de sus posibilidades, prestan su apoyo y ayuda a miles de familias. En Castilla y León viven 604.000 mayores de 65 años, y dentro de 15 años, vivirán 734.000, un 20% más”, añadió.

La comunidad se sitúa actualmente a la vanguardia en atención a la dependencia, y para mantener esa buena atención, se mejorarán el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios y prestaciones. Así, a partir del 1 de enero de 2020, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reducirá los plazos para reconocer el derecho a las prestaciones de dependencia a tres meses, desde la presentación de la solicitud y proporcionará prestaciones de dependencia nuevas a más de 80.000 personas.

Sin duda, es imprescindible valorar la labor que realizan los profesionales del sector en Castilla y León, pues es la comunidad que más empleo vinculado a la atención a la dependencia crea, con casi 32.000 puestos de trabajo (el doble que la media nacional) y fundamentalmente, en el medio rural.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En Castilla y León, más de 176.000 personas, un 7% de la población, padecen algún tipo de discapacidad. Personas a las que los poderes públicos deben garantizar los mismos derechos, y por ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsará un proyecto de Ley de Derechos y Garantías de continuidad de cuidados y atención a lo largo de su ciclo vital.

Además, se potenciarán programas de prevención de la violencia sobre las personas con discapacidad y se incrementarán las acciones que faciliten el acceso al empleo mediante los itinerarios personalizados de inserción, especialmente en el ámbito de nuevos yacimientos de empleo y en el medio rural.

PRINCIPALES RETOS
Para potenciar la inclusión social y luchar contra la pobreza, se pondrán en marcha programas de apoyo y seguimiento de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y se actualizará el Plan de Inserción Sociolaboral con el fin de atender a las personas más vulnerables. Castilla y León cuenta con una Red de Protección a las Familias con más de una treintena de programas sociales que atiende, anualmente, a 200.000 personas. Una red pionera en España que es necesario seguir reforzando y adaptando a las nuevas situaciones de vulnerabilidad, para llegar a todas las personas que precisen de su cobertura.


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