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La Junta aprueba el Decreto Ley de medidas extraordinarias para la atención social en residencias de la región

Redacción EM 14-07-2020

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Tras la declaración del nuevo coronavirus como emergencia de salud pública, las administraciones han venido adoptando medidas urgentes para contener y paliar los efectos del virus, especialmente en personas vulnerables como los mayores y las personas con discapacidad, y a garantizar su bienestar como usuarios de centros residenciales. 

A la vista de la evolución de la crisis, la Junta consideró necesaria la adopción de medidas extraordinarias para reforzar la atención a los usuarios de las residencias de personas mayores y personas con discapacidad y la seguridad del personal de estos centros. Para ello, elaboró un Decreto Ley que aprobó recientemente el Consejo de Gobierno, tendente a establecer medidas extraordinarias dirigidas a reforzar la cobertura por el sistema de servicios sociales de Castilla y León. El objetivo es que estas medidas permitan a las Administraciones públicas paliar los efectos de la crisis sanitaria y prevenir y afrontar los riesgos derivados de otras contingencias similares en el futuro.

PRINCIPALES MEDIDAS
Destaca, la obligatoriedad, por parte de las entidades titulares de los centros residenciales, de contar con un Plan de contingencia cuyo contenido constituye la plasmación dispositiva de la experiencia acumulada durante este tiempo de lucha contra el coronavirus. Dicho plan se constituye como el instrumento fundamental para la óptima dirección y gestión de los centros residenciales, que recoge y aglutina un conjunto de directrices dedicadas a la prevención y seguridad, tanto de los usuarios como del personal, ante situaciones de crisis de salud pública. 

El plan de contingencia deberá estar adaptado a las características de cada centro, y contemplará la organización de la prestación de los servicios mediante la constitución de áreas diferenciadas, formadas por agrupaciones de usuarios atendidos por un equipo de profesionales no sometido a rotaciones, permitiendo una inmediata compartimentación de las dependencias del centro residencial y evitando la propagación de enfermedades. Al objeto de facilitar a las entidades titulares de los centros la implementación del plan de contingencia, la Junta pondrá a su disposición una guía con su contenido mínimo.

Igualmente, se establece como medida dirigida a la previsión de futuras crisis, la obligación de disponer en los centros de existencias de equipos de protección individual (EPI) y del material necesario para la atención a los usuarios, con su propio depósito de existencias, al menos, durante un periodo de cinco semanas. Dicho depósito deberá incluir material de protección para uso de los residentes, en número proporcional a la ocupación real del centro y en función de las necesidades reales de atención. Además, las entidades titulares de los centros, ante situaciones extraordinarias de salud pública, deberán, una vez asegurada la suficiencia de sus propias necesidades, comunicar el remanente de sus existencias a la Administración pública competente.

Asimismo, recoge las medidas de refuerzo de la información, control y formación del personal de los centros residenciales, para garantizar la fluidez y continuidad de la información que se debe facilitar a los usuarios y a sus familiares. Igualmente, se prevé la obligación de facilitar la oportuna formación del personal en los mismos ante emergencias sanitarias sobre medidas de autoprotección, desinfección y limpieza de las distintas zonas del centro. Será competencia de la dirección garantizar que los trabajadores cuenten con la formación suficiente para el abordaje de esos supuestos y, especialmente, para el adecuado uso de los EPI.

LÍNEA DE AYUDAS
Finalmente, se destinarán ayudas –por valor de dos millones de euros– para las medidas de fomento de la protección de las personas trabajadoras y de los usuarios de los centros residenciales. A tal efecto, se establecen medidas dirigidas a subvencionar los gastos en EPI realizados por las entidades privadas sin ánimo de lucro titulares de residencias que operan en el sistema de servicios sociales

Asimismo, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro, titulares de centros residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad, que lleven a cabo las acciones objeto de la subvención. Por lo tanto, estas subvenciones serán concedidas de forma directa a las entidades solicitantes que reúnan los requisitos establecidos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico del organismo competente para su tramitación, desde que el expediente esté completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud. La cuantía de la subvención será del 80% del gasto subvencionable, hasta un máximo de 2.000 euros por centro residencial, de cada entidad beneficiaria.


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