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Cantabria aprueba una nueva normativa en dependencia que supondrá una financiación adicional de 7,5 millones

Redacción 15-03-2019

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El Gobierno de Cantabria, a propuesta del departamento que dirige la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, acaba de aprobar la nueva normativa para la atención a la dependencia, que implica la puesta en marcha de un modelo de atención más personalizada y supondrá una financiación pública adicional de 7,5 millones de euros al año. 

El Boletín Oficial de Cantabria publicó, ayer, esta nueva normativa que incluye la regulación de los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, los criterios y el procedimiento de acreditación, y los nuevos precios públicos por plaza concertada.

El Ejecutivo aportará un 10,54% más de inversión por plaza concertada en los centros y residencias para personas dependientes, cantidad que se suma al aumento del 3,4% aprobado el pasado mes de julio.  

"Esta inversión pública irá destinada a implantar un modelo de atención en el que las personas mayores y con discapacidad tengan un mayor protagonismo, estén más implicados en la toma de decisiones que afecten a su vida y reciban una atención más personalizada, con una mayor flexibilidad en la prestación de los servicios que reciben", explican desde el Gobierno cántabro.

Desde el punto de vista del sector, aseguran desde el Gobierno, "supondrá además un aumento del empleo para dar respuesta al incremento de horas de atención que prevé el nuevo modelo y poner fin a la sobrecarga que padecen las plantillas de los centros desde los recortes del año 2012".

MÁS PARTICIPACIÓN
Según apuntan desde el Ejecutivo autonómico, el nuevo modelo que implantará Cantabria en centros públicos y concertados "da más participación a las personas dependientes, para que directamente o con el apoyo de quien la representa o cuida, pueda seguir gestionando su vida y tomando sus decisiones, en unos centros que se asimilarán a la vida cotidiana de los hogares, dejando atrás los espacios más hospitalarios, y promoviendo una mayor relación con las familias".

La normativa avanza también hacia "una mayor personalización de la atención y una mayor flexibilidad en la prestación de los servicios, según los deseos de las personas, potenciando su capacidad de elección en cuestiones como los horarios de comedor y los horarios para levantarse o acostarse o en la decoración de sus habitaciones", remarcan.

Los nuevos requisitos materiales exigidos a los centros incluyen la instalación de internet gratuito para las personas usuarias, ampliación del espacio en las habitaciones y un mayor porcentaje de habitaciones individuales. Además, deberán cambiar su organización con comedores o salas de estar más pequeñas y numerosas.

Por otra parte, los centros por primera vez podrán organizar su estructura en pequeñas unidades de convivencia, similares a hogares de entre 12 y 16 personas como máximo, con la dotación propia de una vivienda, con el fin de fomentar la autonomía personal y proporcionar un ambiente doméstico. Estarán compuestas por los dormitorios, servicios higiénicos y su propio comedor y sala de estar.

Se regulan, también por primera vez, los centros multiservicios para que, sobre todo en el medio rural, puedan proporcionar servicios a las personas mayores o personas dependientes, tanto en el centro como en su domicilio, facilitando la permanencia en sus domicilios el mayor tiempo posible.


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