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Derechos Sociales destina un 80% del presupuesto a atender necesidades de personas en situación de vulnerabilidad

Redacción EM 13-12-2019

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Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, defender sus derechos sociales, garantizar la igualdad de oportunidades y blindar las prestaciones sociales reconocidas como un derecho son los cuatro ejes sobre los que pivota el proyecto de presupuestos que esta mañana ha presentado en la Junta General la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

La consejería dispondrá de 445 millones de euros, cinco más que este año, lo que constata la “apuesta firme por el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar”, como ha asegurado Álvarez en su comparecencia, en la que ha estado acompañada por su equipo directivo y los responsables de los organismos autónomos adscritos al departamento. Este compromiso con la sociedad se demuestra en que el 80% del presupuesto se destina a atender a personas en situación de vulnerabilidad.

INVERSIONES POR ÁREAS
El primero de los compromisos que asumió la consejera al acceder al cargo fue terminar con las listas de espera en las tramitaciones de las ayudas vinculadas a la Ley de Dependencia. Para ello, en septiembre se puso en marcha el Plan de Choque 2019-2021, que simplifica las tramitaciones, evitar las duplicidades de expedientes y refuerza los equipos de valoración. Para hacer frente a esta necesidad, la consejería prevé una asignación de 903.500 euros.

Este plan permitirá que en un año todas las solicitudes se resuelvan en plazo y que el número de beneficiarios aumente en un 18% y pase de 21.516 personas a 25.400.

El proyecto contempla un crédito inicial para la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales de 168 millones de euros (un 3,5% menos que en 2019). “Este menor crédito no responde a otra causa más que al cambio de tendencia experimentado en el Salario Social Básico, ya que por primera vez está descendiendo el número de personas beneficiarias y el crédito asignado ha de ir en consonancia”, ha destacado Álvarez.
En respuesta a esta tendencia a la baja en las nuevas solicitudes y fruto del esfuerzo que ha supuesto la incorporación de medidas de mejora en la gestión, el crédito inicial es de 116.750.000 euros, lo que permitirá atender a alrededor de 22.000 familias.

La consejería asume, además, la prioridad de favorecer la reincorporación de los beneficiarios al mercado laboral a partir de medidas vinculadas a la economía verde y del cuidado a personas.

En la misma línea de actuación y con el objetivo de reforzar el sistema de asistencia a las personas mayores, se abrirán 216 plazas públicas más, que gestionará el organismo autónomo ERA. Concretamente se habilitarán 66 plazas más en el Centro Polivalente de Recursos del Naranco, en Oviedo; se crearán 120 en la residencia que se está construyendo en Lugones (para cuya finalización se contempla una partida de 2.400.032 euros) y se pondrán en funcionamiento otras 30 en Tineo.

La aplicación de la Ley de Acción Concertada con Entidades de Iniciativa Social sin Ánimo de Lucro para la Prestación de Servicios de Carácter Social encuentra también reflejo en el presupuesto de la consejería. Esta normativa fue respaldada de forma unánime por todos los grupos parlamentarios de la Junta en la pasada legislatura y en el primer semestre de 2020 contará con el instrumento que garantiza su aplicación, que cuenta con una partida de 3,5 millones de incremento para su puesta en marcha en la atención de la infancia y la discapacidad.

La financiación del Plan Concertado con los ayuntamientos crece un 5% para avanzar en la respuesta a nuevas necesidades sociales. El total presupuestado es de 28 millones de euros. Este plan sufraga los servicios sociales básicos que prestan los consistorios: personal, mantenimiento de centros y prestaciones. En este último apartado se incluyen la información y valoración de las demandas recibidas; las ayudas de emergencia; los programas de incorporación social; la teleasistencia, y la atención a domicilio a personas no dependientes, así como otras iniciativas que buscan fomentar la vida activa y saludable. Entre estas figuran los quince programas locales de Rompiendo Distancias y los 17 Centros Rurales de Apoyo Diurno.

La colaboración de la consejería con las 28 entidades del tercer sector, que históricamente vienen realizando esfuerzos en favor de la inclusión de las personas en situaciones de vulnerabilidad, aumenta en un porcentaje del 5% hasta situarse en 1.922.245 euros, una partida que se destinará a las subvenciones nominativas. Este incremento es la traducción del compromiso del Gobierno de Asturias con la labor que desarrollan estos colectivos y entidades.


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