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El Justicia de Aragón no ve una 'correlación lógica' entre los fallecimientos en los centros y en los domicilios durante la pandemia

Redacción 28-09-2020

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El Justicia de Aragón no ve una "correlación lógica entre las defunciones de los centros residenciales con la de otros sectores en los domicilios particulares" durante la crisis sanitaria. Al igual que no la tienen, añaden desde la institución, “las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos residenciales durante la pandemia de la Covid-19, lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición”. Esta es una de las conclusiones del reciente informe presentado por este órgano aragonés titulado: ‘Informe del Justicia sobre las residencias de personas mayores en Aragón durante el estado de alarma por la Covid-19’.

Entre las propuestas del organismo, se cree necesario "profundizar en la redefinición del modelo asistencial para los ciudadanos mayores que afrontan su último estadio vital con una imposibilidad de vida en su entorno doméstico habitual". Esta tarea, dice el Justicia de Aragón, "ha de ser liderada por las Administraciones públicas competentes en servicios sociales y sanidad de forma conjunta, pero teniendo clara la participación de la sociedad a través de sus diferentes agentes, pues solo desde una implicación social es posible abordar un modelo que ha de suponer cambios en los cuidados de las personas y sus múltiples afecciones transversales, como ya se puso en evidencia en las conclusiones de la Mesa del Justicia sobre los mayores en soledad”.

Otra de las conclusiones del informe es que, atendiendo a que los centros residenciales de mayores son los ‘hogares’ de sus personas residentes, “estas han de tener idéntico acceso a la asistencia sanitaria que tienen quienes residen en su domicilio particular y, sin embargo, no parece que se haya entendido así en muchos casos; en los más graves ha existido incluso inacción respecto a la asistencia sanitaria in situ en las residencias por partes de los servicios de los centros de salud públicos a los que estaban asignados los residentes”, señala el documento.

Para el Justicia de Aragón se ha producido también “una falta de protocolos adecuados para enfrentarse a situaciones de emergencia como la vivida. En especial, respecto a utilización y tenencia de los EPI y a las situaciones de baja laboral del personal”. Además, aseguran en el informe, en las primeras semanas de la pandemia “existió una falta de coordinación entre los Departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y Sanidad del Gobierno de Aragón, faltando una red clara para la transmisión de información y directrices desde las Administraciones públicas responsables a los centros, ya fueran públicos, pero en especial a los privados”.

Otro problema que apunta la institución está relacionada con las restricciones impuestas. “Las prolongadas estancias en sus habitaciones, más los confinamientos en algunos de los centros residenciales, y la prohibición de visitas a los usuarios, han llevado en la práctica a verdaderas limitaciones de derechos fundamentales de los residentes, que aún que pudiendo ser consideradas necesarias para evitar trasmisiones del virus, han colocado a los residentes en situaciones de ‘cuasi arresto domiciliario’, en condiciones muchos más restrictivas que el resto de ciudadano”, aseguran.

EXPEDIENTE DE OFICIO PARA ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA
La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores y, de forma especial, a quienes están en residencias, como refleja que el 80 % de las personas fallecidas en Aragón lo haya sido en éstas. Por este motivo, el Justicia de Aragón acordó abrir un expediente de oficio para analizar esta problemática, que de forma tan grave está afectando a las personas mayores que viven en residencias; conocer las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de las Administraciones públicas y recoger las valoraciones que realizan las entidades que gestionan directamente las residencias.

Para ello, se seleccionaron 98 residencias a las que se dirigió una carta del Justicia de Aragón, justificando la apertura de expediente de oficio y solicitando su colaboración. El cuestionario se centró en la experiencia durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 30 de junio de 2020), y se fijó como plazo de respuesta hasta el 30 de julio, si bien, este plazo fue superado.


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