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Sánchez Rubio destaca la labor de las fundaciones tutelares para garantizar derechos a personas mayores y con discapacidad

Redacción EM 05-11-2018

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La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado la labor que realizan las fundaciones tutelares al garantizar derechos, protección y asistencia a personas adultas cuya capacidad jurídica ha sido modificada judicialmente, de forma total o parcial, al carecer de familiares apropiados que las cuiden. Asimismo, ha resaltado la tutela que ejercen sobre las personas más vulnerables, entre las que habitualmente se encuentran las de trastornos mentales graves, discapacidad intelectual y demencias.

Así lo ha expuesto la consejera en Granada en la apertura de la Jornada sobre Fundaciones Tutelares en Andalucía, organizada con la colaboración de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM).

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha recordado que la Ley autonómica de Servicios Sociales recoge el derecho de la persona a dar instrucciones previas para situaciones futuras, en el supuesto de limitación de la capacidad de obrar respecto a la asistencia o cuidados que se le puedan procurar. Igualmente, contempla la atención a las personas con necesidades de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de entidades sociales sin ánimo de lucro que desempeñen acciones de apoyo en esta materia, conforme a lo previsto en el Código Civil.

A 31 de diciembre de 2017, en Andalucía había 2.216 personas tuteladas por entidades, la mayoría bajo la figura de la Tutela (1.994) y el resto (222) bajo la de la Curatela. Del total, 1.264 son hombres y 952 mujeres. Aproximadamente, el 45% tiene como causa de la incapacitación una discapacidad intelectual; el 36% obedece a una enfermedad mental; y un 19% se debe a alguna demencia senil. La mayoría (un 80%) está alojada en centros residenciales y el 20% restante permanece en sus casas.

La tutela es una institución de derecho civil muy ligada a la incapacitación judicial y que, tras la reforma de 1983 del Código Civil, puede desempeñarla tanto la persona física como la persona jurídica, lo que ha dado lugar a la aparición de entidades tutelares.


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