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Andalucía propone al Gobierno un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Dependencia

El Ejecutivo autonómico plantea cambios en el modelo de financiación y la dotación de recursos para garantizar financieramente la autonomía personal de los mayores

Redacción EM 11-02-2020

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El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se insta al Gobierno central a promover un Pacto de Estado en defensa y garantía del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). El documento presentado plantea ocho cuestiones como contenidos mínimos a abordar en dicho Pacto de Estado.

En primer lugar, se propone establecer una garantía de la financiación del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas, de manera que cada administración financie el 50% del presupuesto. En la actualidad, Andalucía está asumiendo el 82% de la financiación del Sistema de Dependencia.

Además, para poder establecer un sistema de financiación ajustado a la realidad, que éste sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004), en los que se basó la redacción de la actual Ley de Dependencia.

Si se comparan dichas previsiones con la realidad de la aplicación de la ley, resulta evidente que se ha producido una infrafinanciación del Sistema por parte de los gobiernos de España que, a su vez, supone un incumplimiento grave y continuado de los artículos 9 y 32 y la disposición adicional primera de la Ley de Dependencia.

Además de la financiación, la prevención de la dependencia es un elemento importante para dar sostenibilidad en el tiempo al sistema. El constante crecimiento de la población mayor de 65 años y, especialmente, la población de 80 años y más, es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el SAAD.

El pacto propuesto por la Junta de Andalucía plantea que se destinen recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia.

Como cuarta cuestión, el documento propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables. De no ser así, al no estar garantizada la continuidad de cuidados, la persona puede ser condenada a un nivel de dependencia de manera crónica que no corresponde a la enfermedad que ha padecido.

MAYORES DE 65
Por otra parte, señala la necesidad de reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia a las personas con discapacidad mayores de 65 años, con el fin de que no tengan que abandonar los recursos al cumplir dicha edad.

En sexto lugar, Andalucía considera adecuado definir un sistema de atención integrado que tenga en cuenta la perspectiva de globalidad e igualdad en todo el territorio. Es decir, establecer que para toda la ciudadanía con derecho a cualquier prestación recogida en la citada Ley, sea cual sea su lugar de residencia dentro del Estado, ésta sea universal.

En este sentido, se debe garantizar un desarrollo y aplicación de la ley análogos en todo el territorio nacional con la creación de una caja única, así como de un Fondo de Garantía de la Dependencia con la finalidad de asegurar la financiación del Sistema.

Como séptima medida, se plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios, a fin de dar una respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores.

Por último, el documento establece una reestructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que sea el órgano colegiado garante del carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la ley en todo el territorio nacional.

El documento de Pacto de Estado insta a la adhesión de las diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales y de cualquier otra entidad representativa de los intereses de las personas en situación de dependencia.


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