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Gloria Espinosa de los Monteros / Directora de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA)

'Durante los seis primeros meses de este año se han realizado 32.459 valoraciones de dependencia'

La directora de la ASSDA repasa, en esta entrevista, los pricipales retos de la atención a la dependencia en la comunidad autónoma

M.S. / EM 11-07-2019

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Pregunta.- Desde hace unos meses es la directora Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ¿cuál es la misión de este organismo adscrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y qué líneas de trabajo se ha marcado al frente de la ASSDA?
Respuesta.- Aunque los estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía le atribuyen diversos fines, se puede afirmar que  tiene como misión principal  desarrollar las actividades de organización y prestación de los servicios necesarios para gestionar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, lo que comúnmente se conoce como “las ayudas de la dependencia”. Además, aunque en menor medida, también se ocupa de la promoción, desarrollo y gestión de otros recursos de atención social a las personas, familias y a los grupos en éstas se integran, con el objetivo último de favorecer su bienestar.
Como Directora Gerente de la Agencia, y teniendo en cuenta que fue mi perfil técnico el que determinó mi nombramiento por parte del Consejo de Gobierno, he establecido unas líneas de trabajo coherentes con las directrices de dicho órgano y muy especialmente, con las medidas anunciadas por la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. En este sentido, mi objetivo es alcanzar el cumplimiento de dichas medidas de la forma más eficiente posible y teniendo siempre presente que las personas deben ser el centro de todas las actuaciones que se lleven a cabo desde la Agencia.
Dicho esto, destacar como principales líneas de trabajo las tres siguientes: simplificación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a la prestación, mejora de la gestión y adaptación de la estructura de la Agencia a los fines que actualmente tiene encomendados. 

P.- ¿Cuáles son las principales áreas en las que hay que trabajar en Andalucía para seguir mejorando la atención a las personas con dependencia?
R.- Desde el pasado 21 de marzo que tomé posesión de mi cargo como Directora Gerente de esta agencia, he ido observando numerosos aspectos susceptibles de mejora, que impiden ofrecer a las personas una buena atención. 
Entre todas las dificultades encontradas, resulta grave que se haya detectado que existen numerosas solicitudes de resolución de grado y pendientes de recibir un recurso adecuado a sus necesidades que llevan esperando más de cuatro años. Es por ello, que queremos aligerar el procedimiento para eliminar trámites a la ciudadanía y darle respuesta en un tiempo razonable. 
Actualmente, en Andalucía, el proceso de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, está articulado de tal forma que, aunque la Ley prevé un plazo máximo para resolver de seis meses, este se incumple de manera sistemática como consecuencia de la complejidad del mismo. Por ello, tras haber analizado dónde se producen los principales atascos en la tramitación y haber estudiado los procedimientos de otras comunidades autónomas,  estamos trabajando en la elaboración de una propuesta de norma que simplifique los trámites y permita acortar los plazos de resolución, dando, de este modo, cumplimiento a lo previsto en la Ley, así como una respuesta ágil a la ciudadanía. 
Además de modificar la norma, vamos a diseñar un sistema que permita la tramitación electrónica de las solicitudes. De esta forma, pretendemos evitar que las solicitudes estén desperdigadas en distintos puntos y administraciones, y consecuentemente, tampoco se pueden dimensionar las verdaderas necesidades del sistema de dependencia. 
Al tiempo, la tramitación electrónica facilitará el acceso de las personas a sus derechos y posibilitará prescindir de la acumulación de expedientes en papel, con los costes de material y de archivo que dicha acumulación lleva aparejados. 
Por otra parte, en nuestro diagnóstico inicial, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar mejoras en la gestión, tanto en lo referente a la distribución de los recursos como en la asignación de los mismos.
 En este sentido, hemos observado que los criterios políticos han primado sobre los criterios técnicos a la hora de distribuir los recursos por el territorio. Por ello, vamos a analizar las ratios de cobertura en las distintas zonas para intensificar los recursos en aquellas que las tengan más bajas y favorecer la igualdad de acceso a las prestaciones del sistema de dependencia, sin que el lugar de residencia pueda resultar un condicionante para acceder al sistema.
En cuanto a la asignación de los recursos, hemos detectado falta de transparencia y de uniformidad de criterio. Por ello, entre las mejoras pendientes, contemplamos la del sistema de información, para que, gracias al mismo, se puedan realizar asignaciones transparentes, eficientes y justas, que garanticen que se respeta el orden de acceso al sistema y que no se quedan recursos ociosos. Asimismo, estamos trabajando en la elaboración de instrucciones que permitan aplicar criterios uniformes en los distintos servicios territoriales que intervienen en la tramitación de los procedimientos.
Esto solo por mencionar algunos de los aspectos mejorables más destacados, pero podría seguir citando muchas otras deficiencias detectadas. Nuestra intención es ir eliminando progresivamente cada una de ellas. No obstante, es importante ser conscientes que todo este trabajo no resolverá el problema de la dependencia si no va acompañado de un incremento de la financiación por parte del Estado. 
En la actualidad, éste solo financia en torno al 20%, siendo el resto a cargo de nuestra Comunidad Autónoma. Pese a que este año se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la misma para incrementar en casi100 millones de euros la dotación presupuestaria para la dependencia, lo cierto es que esta materia demanda corresponsabilidad por parte del Estado y un reparto más justo de la carga financiera que conlleva. 

P.- Han anunciado que priorizarán el acceso a los recursos del Sistema de Dependencia a los mayores de 80 años, ¿cuál es el objetivo de esta medida y cuándo comenzará a articularse?
R.- Efectivamente, la medida anunciada contempla la priorización de los expedientes de reconocimiento de la prestación para personas mayores de 80 años que tengan reconocido un grado I de dependencia. El paso inicial para su articulación fue someter a la aprobación del Consejo de Gobierno dicha propuesta de priorización y la misma fue aprobada en la sesión del pasado 4 de junio, junto con la priorización de los expedientes de personas menores de 21 años.
En cuanto al objetivo fundamental de la medida, señalar que, al estudiar las listas de espera, se detectó que donde mayor número de personas se concentraban pendientes del Programa Individual de Atención (PIA)  era en el grupo de edad de las personas mayores de 80 años con grado I. Por ello, teniendo en cuenta el mayor riesgo de que se incremente su grado de dependencia dada la fragilidad de esta etapa vital, se fijó el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de estas personas, para las que las actuaciones encaminadas a frenar el descenso gradual de las capacidades y destrezas a nivel físico e intelectual adquiere especial importancia. De ahí, que nuestra misión sea darles un recurso adecuado en el momento en que lo demandan, evitando así  que su vulnerabilidad pueda incrementarse por no recibir respuesta a tiempo del sistema público de dependencia.
P.- El pasado mes de abril, la consejera Rocío Ruiz anunció la puesta en marcha de un plan de choque en dependencia. ¿Ya está dando resultados el desarrollo de esta estrategia? ¿Cuáles serán los próximos pasos que se impulsarán dentro de este plan?  
R.- Me alegra poder confirmar que sí, que los resultados ya se están produciendo. En este sentido, en los tres primeros meses desde la puesta en marcha de este plan de choque hemos incorporado a 9.678 nuevas personas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que significa un incremento de un 62% de las altas de personas beneficiarias en comparación con el mismo periodo del año anterior.
A cierre del mes de junio hemos alcanzado un hito histórico, al llegar el total de personas en situación de dependencia atendidas a 213.198, es decir, el mayor número de personas beneficiarias desde que se creó el Sistema de la Dependencia en Andalucía.
Otro dato a destacar es que durante los seis primeros meses del año se han realizado 32.459 valoraciones de dependencia. Este dato indica que hemos incrementado un 26% respecto al mismo período de 2018, en términos absolutos, 6.718 valoraciones más realizadas.
En cuanto a los siguientes pasos a impulsar, serán los que ya he comentado en las respuestas anteriores: avanzaremos en la digitalización, simplificaremos el procedimiento, mejoraremos la gestión… En fin, hay múltiples aspectos que perfeccionar y nuestro objetivo es trabajar sin descanso hasta conseguir que todas las áreas en las que vamos detectando deficiencias sean revisadas y subsanadas, ofreciendo a la ciudadanía en su conjunto un servicio público de calidad. 

P.- Recientemente presentaron un análisis sobre los costes de las plazas en residencias para personas mayores y con discapacidad. ¿Será posible el incremento de las plazas residenciales en Andalucía?
R.- Me gustaría aclarar algo que puede haberse interpretado de forma errónea. Realmente, nuestro análisis no fue del coste de las plazas de las residencias de mayores y discapacidad, ya que en la ASSDA no se dispone de los datos necesarios para realizar el mismo. Lo que sí hicimos con los datos que podíamos obtener de nuestra propia gestión, fue estudiar qué proporción del precio plaza que se abona a las entidades tenían que destinar éstas necesariamente a cubrir los costes de personal. Y debo, asimismo, matizar que el porcentaje obtenido representaba un mínimo, ya que, dependiendo de la estructura de personal de cada entidad, éste podía incrementarse de manera notable. 
Una vez aclarado lo anterior, la respuesta a su pregunta es sí. Andalucía va a incrementar las plazas residenciales. Concretamente, ya hemos incrementado 265 plazas de discapacidad y prevemos incrementar las de mayores también si la Ley de Presupuestos que se está tramitando en el Parlamento se aprueba en los términos económicos propuestos por el ejecutivo.  Y no solo eso, sino que, además, para 2020 también está  previsto que siga creciendo el número de plazas, y así se ha reflejado en los documentos iniciales  en los que se está trabajando para la elaboración del Presupuesto de 2020.

P.- Entonces, según la previsión que han realizado, ¿estará garantizada la sostenibilidad de este sector en la comunidad autónoma?
R.- La Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de quien quiero destacar su enorme energía  y su gran implicación en cada una de las materias que se hallan en el ámbito de su Consejería, se ha estado reuniendo con las distintas entidades del sector, escuchando sus demandas y dando las directrices oportunas para que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, la sostenibilidad del sector quede garantizada. Así, en mayo anunció una subida de los precios de las plazas equivalente al IPC, es decir, de 1,2%, que se aplicaría con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019. 
Posteriormente, instó la convocatoria de la Comisión de Participación en materia de concertación con centros de atención especializada a personas mayores y personas con discapacidad, a la que asisten, entre otros, representantes de los sindicatos y de las entidades del Tercer Sector, y presentó una propuesta de crecimiento de los precios de las plazas adicional a la subida del IPC, que variaba según la tipología de las plazas. Dicha propuesta ha tenido,  buena acogida, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2013, la única subida que se ha producido ha sido la del 2018, y no llegó ni a cubrir el IPC. Tras la reunión de la Comisión, hemos recibido las sugerencias de sus miembros e intentado ajustar al máximo sus demandas  con los límites presupuestarios de la ASSDA. El resultado final es que, a final de julio, se va a probar una Orden que contempla una subida que oscila entre el 1,7% y el 6%, y que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. 
Si a ello añadimos el incremento de plazas de atención residencial, entiendo que el sector debe estar más satisfecho que en la pasada legislatura y valorar positivamente el esfuerzo que desde esta Administración se está haciendo para garantizar su sostenibilidad.

P.- Prometieron ese plan de choque para incorporar al sistema a aquellas personas que todavía estaban pendiente de valoración, y lo cumplieron. ¿Cuáles serán las próximas actuaciones que llevarán a cabo para seguir fortaleciendo el sistema? 
R.- Como he señalado anteriormente al hablar de los primeros resultados del Plan de Choque, se ha incrementado de forma considerable el ritmo de valoraciones, si bien hay que reconocer que, con lo que había acumulado  y con los expedientes que no estaban computados y han ido aflorando conforme avanzábamos en el diagnóstico de la situación, aún queda mucho trabajo por hacer para poner al día las valoraciones. 
Pero estamos en ello, adoptando medidas que favorezcan que los servicios provinciales de valoración puedan realizar el máximo de valoraciones. Dentro de estas medidas,  destacar la cobertura de las vacantes de personal valorador. Dichas vacantes conllevan que algunas zonas hayan estado largo tiempo desatendidas, por lo que hemos realizado un especial esfuerzo para que sean cubiertas lo antes posible.
Respecto a las próximas actuaciones, indicar que serán seguir avanzando en las ya señaladas. Los cambios importantes no se producen de manera inmediata, sino que requieren su tiempo. Cambiar un procedimiento implica aprobar un nuevo decreto y el procedimiento de elaboración de dicha norma requiere en torno a seis meses.
 A su vez, el cambio de procedimiento conlleva cambios en los sistemas de información, que han de adaptarse a los nuevos requerimientos. Las modificaciones del sistema de información de gran envergadura no siempre pueden llevarse a cabo con medios propios, por lo que exige la apertura de una licitación, que también tiene un proceso  complejo en el que habrá que invertir varios meses.
En definitiva, desde la Agencia seguiremos trabajando en las líneas que nos ha marcado el Gobierno, y en todas aquellas otras que el Ejecutivo siga perfilando. No debemos perder de vista que la ASSDA es un agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía y, como tal, según lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Administración Pública de la Junta de Andalucía, desarrolla su actividad en el marco de la planificación y dirección de la Consejería a la que está adscrita.
En este sentido, reiterar que gracias a que el liderazgo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está en manos de una persona con muchísima energía, la Consejera, Rocío Ruiz, tengo la certeza de que seguirá marcando nuevos retos en el ámbito de la dependencia para el bienestar de la ciudadanía y, desde la Agencia, organizaremos los medios para alcanzarlos con eficiencia, rigor y equidad.


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