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La Fundación Edad&Vida propone que el Gobierno colabore con el sector privado en la dotación de los EPI

El presidente de la entidad, Joaquim Borras, recalca que 'se trataría de compartir la responsabilidad', regulando la compra de Equipos de Protección Individual y organizándolo a través de empresas especializadas de distribución

Redacción 08-04-2020

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La Fundación Edad&Vida propone que el Gobierno colabore con el sector privado para llevar a cabo la dotación y distribución de Equipos de Protección Individual (EPI) de forma “ágil, justa y correcta” a todos los sectores considerados como esenciales, "entre los que destacan las residencias de mayores, que son precisamente las más castigadas por la pandemia del coronavirus", aseguran desde la fundación. 

Desde que comenzó la crisis provocada por el Covid-19, hospitales, centros de salud, residencias, funerarias, industrias farmacéuticas, alimentarias y empresas de limpieza y transporte, además de las ONG y entidades sociales han tenido dificultades para proveerse de EPIs y, por consiguiente, "para poder seguir prestando los servicios de forma adecuada garantizando la salud y bienestar públicos", indican desde la entidad, que considera que la “carencia generalizada de estos equipos” se debe a la “enorme complejidad logística” derivada de la situación. Por eso, plantea que sea el Estado el que “comparta” esta gestión con las autonomías y con el sector privado. 

En este sentido, el presidente de Fundación Edad&Vida, Joaquim Borras, recalca que “se trataría de compartir la responsabilidad”.  Según subraya Borras, “el Estado continuaría proveyendo los materiales de protección tal y como lo está realizando, a comunidades autónomas, grandes hospitales y residencias públicas y, por otro lado, empresas experimentadas en distribución, acreditadas y controladas, llevarían a cabo la provisión al resto de las compañías que realizan actividades esenciales”.

Para el presidente de la entidad, “la complejidad logística de microdistribución que sería necesaria solo la pueden llevar a cabo empresas especializadas y con presencia descentralizada y local”. Por ello, sugiere una “mayor cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las empresas experimentadas en la distribución de los EPI”. Así, la propuesta de la Fundación Edad&Vida se basa en regular la compra de EPIs y organizarla a través de empresas especializadas en distribución, para que también puedan comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales. Sin embargo, advierten que es necesario cumplir con ciertos criterios. 

De esta manera, proponen que, para evitar el abuso, se exija a las empresas una experiencia previa en la compra y distribución de los EPI. Además, entre los requisitos esenciales está la redacción de un código ético de obligado cumplimiento que defina las prioridades del Estado en la asignación de los EPI, la en la Homologación de los Equipos y en los márgenes a aplicar sobre los precios de compra (se deberá fijar un margen máximo). Por último, proponen que se mantenga la obligación de comunicación con el Estado, pero sin “confiscación” posible, salvo casos excepcionales, para así agilizar la emisión de salvoconductos a la importación entre las empresas que hayan sido acreditadas.


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