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La FED reclama un incremento del 2% del gasto en cuidados de larga duración para lograr un sistema más sostenible

Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, compareció en la Comisión de Envejecimiento del Senado para exponer la situación del sector, que tiene un déficit de 75.000 plazas residenciales

Redacción 23-03-2021

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En su comparecencia en la Comisión de Envejecimiento del Senado, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), expuso la situación actual del sector –que asiste a más de 1,8 millones de personas– y las necesidades y retos más importantes a los que se enfrenta: una industria que genera una actividad económica de más de 4.500 millones de euros al año y que emplea de forma directa a casi un 1% de la población activa en España.

Actualmente, el 19,58% de la población tiene más de 64 años, es decir unos 9,2 millones de personas. Cuando empezaron a desarrollarse las residencias en España hace 40 años, los mayores de 64 años representaban solo el 10%, es decir, este grupo ha crecido a ritmos de 120.000 personas al año. En los próximos 30 años crecerá a un ritmo duplicado de 230.000 personas al año, alcanzando en 2030 la cifra de 16 millones, el 30% de la población.

Este envejecimiento de la población obligará a incrementar el gasto ya sea público o privado, en el cuidado y atención de personas dependientes. De acuerdo a los últimos datos de la OCDE, España invierte en los cuidados de larga duración un importe equivalente al 0,7% de su PIB, por delante de países como Hungría, Portugal o Polonia y en niveles similares a Italia o Eslovenia, pero por debajo de la mayoría de países nórdicos y centroeuropeos. El objetivo que persigue la FED es que este gasto se incremente hasta el 2% para lograr un sistema de la dependencia más sostenible. Según los datos, la Administración General del Estado aporta un 19,67% del gasto de la Ley de Dependencia, mientras que las comunidades aportan el restante 80,32%.

En España, más de dos millones de personas viven solas, el 72% son mujeres. Solo el 4,2% de los mayores de 64 años vive en una residencia, es decir el 95,8% viven en sus casas. Muchas de ellas en edificios sin ascensor en los centros de las ciudades o en viviendas no acondicionadas, lo que dificulta la prestación de servicios. "Los mayores, por lo general, prefieren vivir en sus casas, pero para atender sus necesidades es necesario el aumento de los servicios de profesionales a domicilio", asegura Fernández-Cid.

El gran problema de los mayores es la soledad, más del 40% reconoce sentirse solo, "es por ello que debemos evolucionar hacia nuevos modelos de atención fijándonos en lo que se hace en Europa, donde desde hace cerca de 30 años funcionan los complejos y urbanizaciones de personas mayores que viven de forma independiente en sus pisos/apartamentos pero que tienen a su disposición una serie de servicios comunes optativos. Para replicar ese modelo en España falta regulación y sobra mucho miedo a los inmobiliarios", señala Fernández-Cid.

En la FED se insiste en que el sistema debería seguir evolucionando hacia un modelo de atención centrado en la persona, donde exista la libertad de elección, tanto de centros públicos como privados. Además, añaden, "se debería potenciar la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), una ayuda económica, recogida dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), destinada al pago de servicios de atención residencial, atención diurna o ayuda a domiciliaria de personas dependientes".

Actualmente, hay un déficit de 75.000 plazas en residencias, atendiendo al criterio de la OMS de llegar a un 5% de camas residenciales por cada 100 personas mayores de 64 años. "El sector está preparado para dar respuesta a este reto demográfico, pero necesita un entorno favorable para la inversión. Los fondos europeos nos brindan una buena oportunidad para reforzar un sector que cuenta con empresas dispuestas a canalizar y gestionar proyectos sólidos y viables, para continuar desarrollando esta actividad socio-asistencial que cuenta con más de 30 años de exitosa colaboración público-privada", argumenta Fernández-Cid.

La federación habla de que los beneficios de esta inversión serían múltiples: por cada euro invertido en este sector el Estado recauda 0,41 euros en forma de impuestos y cargas sociales; por cada millón, se crean 28 empleos y por cada euro que se factura en dependencia, se generan 0,7  euros adicionales por los impactos directos e inducidos. Todo ello contribuiría a reducir el déficit público, se generarían más de 37.500 nuevos puestos de trabajo, y lo más esencial, se daría servicio a los 75.000 dependientes y sus familias que necesitan de nuestra atención.

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS
Tras la campaña de vacunación, "las residencias se han convertido en los espacios más seguros del país frente a la Covid-19, lo que abre una puerta a la esperanza para un sector que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia", remarca Fernández-Cid. "Ahora parece que podemos decir que se ve la luz al final del túnel, pero han sido meses muy duros en los que las residencias se han visto injustamente criminalizadas, cuando la realidad es que hemos sido una víctima más de esta crisis sanitaria, en la que nuestros profesionales han puesto todo el esfuerzo del mundo para afrontarla de la mejor manera posible con los medios de los que disponíamos", añade. Aun así, el impacto reputacional para el sector ha sido muy alto, lo que se constata en el número de plazas libres en el sector, entre un 15% y un 30%. La FED ha solicitado una campaña publicitaria institucional que reconozca su labor e implicación en el cuidado de nuestros mayores.

Una de las críticas vertidas sobre los centros ha sido la falta de medicalización de las residencias, sin llegar a definir lo que es una residencia medicalizada. Desde la patronal, se argumenta que los centros de mayores deben dedicarse sus cuidados, debiendo tener un circuito claro de asistencia en Atención Primaria en primer caso, en atención hospitalaria en los casos graves o de diagnóstico o en su caso recibir en los propios centros la asistencia de las Unidades de hospitalización a domicilio, tal y como se está haciendo en los países de nuestro entorno. "Ello no significa que no podamos atender unos servicios sanitarios mínimos para asistir al mantenimiento de las personas con enfermedades crónicas, pero siempre contando con el apoyo necesario de los hospitales y contando con las derivaciones que se deben realizar a los hospitales", subraya Fernández-Cid.

Para mejorar la situación del sector, la FED reclama un modelo homogéneo para todo el territorio nacional, ya que en la actualidad conviven 17 modelos de atención a la dependencia más los tres de las diputaciones forales. Otra reclamación del sector es un cambio en la fiscalidad de las residencias y que se reduzca su IVA del 10% al 4%.

Para finalizar, Fernández-Cid recordó la escasez de determinados perfiles profesionales, enfermeros y médicos. "Si no existen suficientes profesionales habrá que aumentar las plazas universitarias, agilizar los trámites de homologación de multitud de esos profesionales que se encuentran en España pendientes de legalizar su situación y estudiar la posibilidad de crear nuevos planes formativos para enfermeros a través de Formación Profesional como se hace en Alemania", concluyó.


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