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La CEOE, unánime ante el impulso de la Prestación Económica Vinculada al Servicio

La confederación ha emitido un informe en el que realizan un diagnóstico del sistema de dependencia en España y reivindican el desarrollo de un nuevo modelo de financiación

Redacción EM 18-02-2019

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La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha mostrado unánime en la presentación de un informe en el que reivindican un nuevo modelo de financión en materia de dependencia. Como punto de partida, los empresarios del sector apuestan por una revisión del actual sistema de dependencia y, para ello, el documento recoge un exhaustivo diagnóstico sobre el mismo desde la puesta en macha de la Ley de Dependencia y el desarrollo de los objetivos con los que esta nació.

Las principales propuestas del informe se pueden resumir en la definición de un nuevo modelo de financiación; la recuperación e impulso de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS); la promoción de un sistema homogéneo de acreditación de entidades, profesionales y servicios; y el desarrollo de la colaboraicón público-privada.

“Es necesario establecer unos requisitos mínimos y homogéneos de calidad y acreditación que permitan la cohesión territorial en el conjunto del Estado, y que permitan dotar al sistema de una unidad de mercado que garantice una calidad objetiva y equiparable entre todas las comunidades autónomas”, apuntan en el documento.

Asimismo, y en lo que respecta al modelo de financiación, los empresarios coinciden en introducir una serie de cambios estableciendo tres módulos: Módulo o prestación de servicios de tipo asistencial y social; Módulo o prestación de servicios de tipo sanitario; y Módulo o prestación de servicios de alojamiento y manutención.
Por otro lado, el texto defiende que para garantizar una evolución positiva del sector, es necesario modificar los criterios de mejora en la gestión de los servicios, y que vayan directamente relacionados con unos ajustes de tarifas y ratios de personal que correspondan a unos servicios de calidad. Y precisamente en materia de calidad interfiere, también, la formación, otro de los puntos importantes del texto. “En este sentido exigimos a las Administraciones que adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados”, recogen los empresarios.

En lo que respecta al tratamiento del IVA, desde la CEOE reclaman una homogeneización de este al 4%. Según exponen en el documento, el tipo de IVA no debería diferenciar los mismos servicios y asistencia según se trate de titularidad o financiación de un servicio por parte de una Administración Pública o por parte de un particular. “El tipo de IVA ha de depender del servicio prestado y no del pagador o usuario final, y por tanto debemos poner fin a la injusta situación que vivimos actualmente”, sentencian los empresarios.

La defensa de la atención centrada en la persona, la profesionalización de los agentes implicados en la gestión de servicios de atención a la dependencia y el impulso a los servicios de autonomía personal son, asimismo, otras de las propuestas planteadas por la CEOE. “Consideramos que la nueva ley debería desarrollar las actividades del desarrollo personal que se han quedado algo estancadas, a través del impulso a servicios deayuda a domicilio y servicios de teleasistencia”.

En este sentido, hacen hincapié en el papel importante las actuaciones que se pueden desarrollar respecto a la promoción de la salud, la prevención y los programas de promoción de la autonomía personal, a través de los equipos de coordinación y gestión, en la atención sociosanitaria y estos servicios de atención en el ámbito domiciliario.

LAS PROPUESTAS EN 14 PUNTOS
1. Impulso de la PEVS como el mejor instrumento que respete el derecho a decidir de los beneficiarios y dando más transparencia al sistema en su conjunto, y retomando el espíritu de la ley como ley de servicios.

2. La profesionalización de los servicios debe ser un principio básico. La nueva ley debe recoger expresamente el reconocimiento de los cuidados a la persona dependiente desde la dignidad, el desarrollo de su autonomía y la protección de sus derechos.

3. Necesidad de contar con un sistema de acreditación equitativo y fundamentado en unos principios que garanticen unos mínimos comunes de atención entre las diferentes comunidades autónomas.
 
4. Impulso de la colaboración público-privada, potenciando el papel de las empresas y servicios de carácter privado en la prestación de servicios, desarrollando y aprovechando los recursos existentes.
 
5. Nuevo modelo de financiación, diferenciando los costes reales de un centro residencial, y actualizando y adecuando los costes medios de atención residencial a los costes reales para el cálculo de la ayuda. 
 
6. Necesidad de un debate abierto sobre el copago, debiendo instrumentarse un ejercicio real y responsable de copago en función de la renta y el patrimonio de la persona que será atendida.
 
7. Coordinación sociosanitaria inicial, para llegar a una integración de los servicios sociales y sanidad. Se debe contemplar la historia sociosanitaria única, facilitando a todos los agentes la historia de salud y social del mayor, a través de la integración informática.
 
8. Desarrollo de la autonomía, teniendo en cuenta aspectos rque no se han puesto en práctica.
 
9. La formación de los profesionales para las nuevas necesidades y los nuevos modelos de atención es necesario para asegurar criterios de calidad. 
 
10. En relación a la prestación farmacéutica, es necesario poner en valor el papel de la oficina de farmacia. 
 
11. Mejorar los sistemas de baremación, así como la cartera de servicios, mejorando el procedimiento y la información, y enfocando el proceso a la simplificación del mismo.
 
12. Homogeneizar el tipo de IVA aplicado al sector de la dependencia, igualándolo al tipo superreducido (4%).
 
13. Para el aseguramiento de la dependencia, se considera necesario que no compute para el cálculo de la capacidad económica personal del beneficiario las rentas derivadas de seguros privados y tampoco se compute como patrimonio los derechos económicos del beneficiario en este tipo de seguros, ya que así se estaría penalizando a aquellos ciudadanos que han sido más previsores al contratar un seguro de dependencia.
 
14. Contratación pública y concertación de servicios sociales. Con referencia a las adjudicaciones, jamás deberían prevalecer los criterios económicos sobre los criterios técnicos de atención. 



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